Parecía que Puerto Rico iba a lograr rápidamente la inmunidad colectiva esta primavera, pero la gente comenzó a bajar la guardia contra el COVID-19 y nuevas variantes comenzaron a extenderse por toda la isla.

Ahora, un aumento en los casos y las hospitalizaciones ha puesto a los expertos médicos en desacuerdo con el gobierno, que lucha por proteger la salud de las personas y al mismo tiempo trata de prevenir una implosión económica en una isla azotada por huracanes, terremotos y una crisis financiera.

“La parte difícil aquí es cómo tu encuentras una decisión salomónica... para darle oportunidad a la gente para que pueda trabajar, ser responsable y mantener también el tema de salud como una prioridad”, dijo Ramón Leal, expresidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico. “Estas son conversaciones difíciles”.

Es un equilibrio delicado para una isla que ordenó confinamientos y el uso de cubrebocas antes que cualquier entidad estadounidense y tiene algunos de los requisitos de entrada más estrictos de cualquier jurisdicción en Estados Unidos, medidas que ayudaron a contener las infecciones hasta hace poco.

En general, la isla de 3.3 millones de personas ha reportado más de 115,000 casos confirmados de coronavirus, más de 115,000 sospechosos y más de 2,000 muertes. Sus tasas diarias de transmisión aumentaron a 28 casos por cada 100.000 personas la última semana de abril, en comparación con 17 por cada 100,000 en el territorio continental.

La pandemia ha desatado la segunda caída económica más grande que ha visto Puerto Rico desde que se llevan registros en 1980, según el economista José Caraballo. La peor crisis fue causada por el huracán María, que causó más de 100,000 millones de dólares en daños en 2017.

Más de 30,000 puestos de trabajo se han perdido debido al brote de COVID-19, y al menos 1,400 negocios han cerrado, dijo Caraballo, esto en una isla que vio a casi el 12% de su población huir en la última década y cuyo gobierno está luchando contra una aplastante deuda.

“Me sorprende mucho lo que han tenido que pasar los residentes de Puerto Rico”, dijo Caraballo.

Muchos están de luto por la pérdida de sus hogares, trabajos, negocios o seres queridos.

Luis Ángel Sánchez tiene dos amigos en cuidados intensivos y perdió a su padre y a su hijo por COVID-19 en abril de 2020. Él se vacunó a mediados de marzo.

“La vacuna no borrará las cicatrices ni sanará mi corazón roto”, escribió en Facebook ese día. “No traerá de vuelta a mi hijo. No traerá de vuelta a mi padre. Ellos, junto con los demás que han sucumbido a este monstruo, no habrán muerto en vano si seguimos haciendo lo correcto”.

Sánchez opina que la gente debe mantener la guardia y exhortó al gobierno a imponer sanciones más estrictas a quienes no sigan las restricciones.

“Aún no termina”, dijo.

El gobernador Pedro Pierluisi no ha ordenado restricciones más estrictas argumentando que otro confinamiento sería demasiado extremo. También ha dicho que las cosas siguen mejorando y que la isla podría lograr la inmunidad colectiva en agosto: “La solución es la vacunación”.