Los que acudieron al contralor electoral, Manuel Torres, para pedir que les censuraran los anuncios a la Asociación de Víctimas de Impericia Médica tenían contratos en el Gobierno y vínculos con el Partido Nuevo Progresista.

Uno de los querellantes, el licenciado Rafael Fabre Carrasquillo, funge como asesor legal externo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), entidad pública que administra el Centro Médico de Río Piedras.

Allí ha tenido, desde 2010, contratos por $256,000, según el registro del contralor.

Fabre Carrasquillo también posee un contrato de asesor con la Corporación del Centro Cardiovascular, entidad en la que, desde 2009, su bufete ha devengado $326,000.

En entrevista con Primera Hora, el propio Fabre Carrasquillo dijo que ha dirigido campañas políticas del PNP en el sur de la Isla, que no es amigo del gobernador Luis Fortuño, pero sí ha trabajado en muchas actividades políticas en las que ha estado el primer ejecutivo.

El abogado también aparece donándole $500 a la campaña del gobernador en noviembre de 2011.

En el sector privado, Fabre se dedica mayormente a representar médicos y hospitales en demandas de impericia, dijo.

El segundo querellante, Aníbal Sandoz, es un médico que ha laborado en varios centros de diagnóstico y tratamiento y hace turnos en Centro Médico.

Saúl Carrasquillo, el tercero, laboró en el Centro Médico de Mayagüez y trabaja en otros centros de trauma, como el Centro Médico de Río Piedras.

“Es completamente válido el expresarte en contra de un reglamento, pero tú tienes un anuncio que dice que el gobernador Luis Fortuño es insensible ante el dolor de las víctimas de impericia médica y eso no tiene nada que ver con impugnar el reglamento de los centros de trauma o con los topes de las demandas”, sostuvo Fabre Carrasquillo al explicar por qué objetó los anuncios de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica.

“Ellos tienen que cumplir con la ley electoral, como lo tiene que hacer cualquier persona que dona a una campaña política”, insistió el letrado, quien descartó que al contralor se le pueda acusar de censura previa o que esté violentando uno de los pilares más sagrados de la democracia; la libertad de expresión.

Alejandro derogará reglamento

El candidato a la Gobernación del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, dijo ayer por voz el director de comunicaciones de su partido, Armando Valdés, que él va a revisar el reglamento de los Centros de Trauma, asunto sustantivo que está detrás de la controversia de los anuncios. Derogará, dijo Valdés, el artículo que fija en solo $75,000 la indemnización máxima que puede recibir un paciente víctima de negligencia que haya sido tratado en una de estas instituciones.

“La acción del contralor electoral de restringir la libertad de expresión de la Asociación de Víctimas, y el apoyo expresado a esta acción por Luis Fortuño, son parte de un patrón para restringir de manera sistemática las libertades de nuestro pueblo”, dijo el líder popular.

García Padilla sostuvo que fue el mismo liderato del PNP el que promovió las querellas, “que sin ningún debido proceso de ley y en tiempo récord” han sido atendidas por el contralor.

El experto en temas electorales Héctor Luis Acevedo también reaccionó alarmado con la acción de censura previa de Torres.

“La censura previa de una expresión pública es el acto más condenado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es una lectura sumamente peligrosa de sus poderes la que está haciendo el contralor”, dijo.

Cuando se le preguntó si el problema es la ley o la interpretación, Acevedo contestó que Torres “tiene que interpretar la ley de manera constitucional”, que restringir previamente una expresión publica solo es permitido cuando se trata, por ejemplo, de publicar una operación militar o información que puede costarle la vida a alguien.

Ayer, en medio de la controversia sobre los anuncios de la asociación, Fortuño celebró en un local de la calle del Parque, en Santurce, una actividad de recaudación de fondos con la Asociación de Hospitales. El plato costaba $2,500.