Personas en Puerto Rico con deudas de pensión alimentaria que superen los $100,000 ahora no solo se les negaría la aprobación de un pasaporte a la hora de solicitarlo, sino que también podría ser revocado si ya lo posee, esto como parte de la nueva fase del programa federal para atender esta problemática.

Según indicó la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), la licenciada María del Mar Mateu Meléndez, la nueva fase podría impactar a unos 435 alimentantes en Puerto Rico.

De ese total, 68 casos corresponden a casos activos de menores de 21 años y 367 a casos de personas mayores de 21. Estos últimos, podrían responder, entre otros factores, a balances asociados a órdenes emitidas en otras jurisdicciones donde las deudas no prescriben, así como a deudas prescritas de casos cuyo cierre nunca ha sido solicitado.

“Hasta la pasada semana, la restricción aplicaba principalmente cuando una persona intentaba solicitar o renovar su pasaporte. Con esta nueva directriz federal, el escenario cambia porque ahora el gobierno federal podrá revocar pasaportes ya emitidos a personas con deudas significativas de pensión alimentaria. Además, el proceso se extenderá próximamente a casos con balances inferiores, conforme a la ley federal vigente. Por eso, hacemos un llamado a los alimentantes a que se comuniquen con ASUME, atiendan sus casos y se pongan al día antes de enfrentar consecuencias que podrían afectar su capacidad para viajar”, puntualizó la administradora.

La directriz fue emitida la semana pasada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal y la Office of Child Support Enforcement, bajo la autoridad de la Sección 452(k) de la Ley de Seguridad Social.

El proceso establece que el Departamento de Estado comenzará revocando pasaportes a personas con deudas mayores de $100,000. La normativa federal mantiene vigente el requisito de emitir una notificación preventiva a toda persona que adeude más de $2,500 en pensión alimentaria atrasada, en la que advierte posibles consecuencias como la denegación o revocación del pasaporte.

“La revocación del pasaporte refuerza herramientas que ya existen para promover el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar que los menores reciban el sustento que les corresponde. Este proceso comenzó a discutirse y notificarse en Puerto Rico durante los pasados días, luego de la comunicación emitida por el Departamento de Estado federal”, agregó.

La página oficial del Departamento de Estado federal establece que una persona cuyo pasaporte haya sido revocado deberá comunicarse con la jurisdicción a la que adeuda la pensión para coordinar el pago. Luego de que la deuda sea satisfecha y dicha información sea notificada a las agencias federales pertinentes, la persona podrá solicitar nuevamente un pasaporte, sujeto a la evaluación y validación de elegibilidad por parte del Departamento de Estado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal. Además, el gobierno federal advirtió que un pasaporte revocado no puede utilizarse para viajar, aun cuando la deuda haya sido saldada posteriormente.

El documento también establece que las notificaciones de revocación serán enviadas directamente por el Departamento de Estado mediante correo electrónico o correo postal utilizando la información incluida en la solicitud de pasaporte más reciente. En casos de viajes urgentes, el proceso de eliminación de registros federales puede tardar entre dos y tres semanas antes de que una persona vuelva a ser elegible para obtener un nuevo pasaporte.