Una nueva investigación reveló que un monto de $125,922 fue desembolsado de forma irregular a un reclamante mediante solicitud del beneficio de PUA.

La investigación fue realizada en la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, como parte de una colaboración con la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (DOL-OIG).

Los esquemas identificados incluyen posibles delitos por fraude informático, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica entre otros.

Las reclamaciones fueron hechas mediante la plataforma electrónica provista y habilitada por el DTRH, para obtener posibles beneficios de fondos públicos federales, aprovechando las deficiencias de validación de datos del sistema.

Recientemente el DTRH, anuncio que habilitó una nueva plataforma para las solicitudes de PUA que buscaría minimizar los riesgos de fraude al estar vinculada a los datos del Departamento de Hacienda.

Por otra parte, la OIG tiene ante su consideración varios casos de posibles actos ilegales por parte de servidores públicos del Gobierno de Puerto Rico. Una vez culmine el proceso investigativo se adoptarán las medidas que correspondan al amparo de la Ley Núm. 15-2017.

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 9 de la citada Ley y su Reglamento, el contenido total del informe es confidencial a los efectos de no afectar investigaciones y procesos futuros, producto de los hallazgos y recomendaciones.

No obstante, se reitera el su compromiso con continuar atendiendo situaciones de fraude o irregularidades con fondos públicos, por lo que es importante el llamado a la colaboración para que cualquier persona que tenga información sobre un acto irregular, pueda comunicarse a la OIG a través de nuestra Línea de Con-sultas 787-679-7979 o a través del correo electrónico informa@oig.pr.gov.