Peligrosa y costosa propuesta.

El Centro para la Nueva Economía (CNE) cuestionó ayer los fundamentos utilizados para sostener la propuesta del gobernador Aníbal Acevedo Vilá de eliminar la porción del impuesto sobre ventas y uso (IVU) que recibe el Gobierno central y advirtió sobre los serios riesgos que presenta la misma.

Tras evaluar la situación fiscal del país y la información ofrecida públicamente para respaldar la polémica propuesta, el CNE concluyó que lo que hay que hacer es mantener el IVU como está, bajar las tasas impositivas sobre ingresos, establecer reembolsos para familias pobres por el pago del sales tax y aumentar el crédito por ingreso devengado que ya se legisló.

Sergio Marxuach, director de desarrollo de política del CNE, señaló que la propuesta tiene un enorme riesgo de que no se logren los ingresos que necesita el Gobierno para el próximo año fiscal y que estimó en cerca de $1,580 millones adicionales a lo que se espera que recibirá el Departamento de Hacienda este año.

Su análisis incluye que hasta el 31 de diciembre los recaudos del Fondo General estaban $221.4 millones por debajo del estimado y que el propio Gobierno está proyectando un déficit de $116 millones para la Administración de Seguros de Salud (ASES) para este año.

Indicó que si se mantiene el patrón de recaudos el año cerrará con un déficit de $558 millones.

Resaltó, por otro lado, que el Gobierno tiene el reto de generar para el próximo año fiscal ingresos suficientes para superar la insuficiencia proyectada este año y para sustituir otros $814 millones no recurrentes utilizados este año. Éstos incluyen los $150 millones que debió obtener de la venta de propiedades, $78 millones del Fondo de Emergencia, $86 millones del Fondo Presupuestario, $200 millones del Fideicomiso del Niño y $300 millones de contribuciones corporativas que, tras una auditoría federal, recibió como pago Hacienda este año.

A ese cuadro agregó las promesas de gastos que hizo el Gobernador, entre las que destacó el aumento salarial a los maestros, cuyo costo estimó en $130 millones.

“En resumen, el Gobierno tiene que encontrar por lo menos $1,579 millones en recaudos nuevos para financiar el déficit del año fiscal en curso, reemplazar ingresos no recurrentes y pagar por las promesas nuevas hechas hasta ahora”, señaló.

Marxuach puso en duda los alegatos de que el arbitrio del 6.6% lo absorben los importadores y que el IVU sea el principal responsable de la recesión. “¿Cómo es que la recesión fue causada por un factor que no existía al comienzo de la recesión?”, preguntó.

Coincidió con la opinión de otros economistas de que la propuesta del Gobernador traerá costos adicionales de cumplimiento para las empresas y costos adicionales de fiscalización para el Gobierno.

Sobre las proyecciones de recaudos, recordó que los ingresos del IVU para el Fondo General se estiman en $911 millones para este año, por lo que el arbitrio debería recaudar una cifra similar para ser “neutral”.