La labor de los gobiernos municipales ha sido fundamental para atender la crisis de la pandemia del COVID-19 en los 78 pueblos de Puerto Rico, coincidieron los presidentes de la Asociación y Federación de Alcaldes, Luis Javier Hernández y Ángel Pérez, respectivamente, al aludir a que en el pasado año, los ayuntamientos tomaron relevancia al aunar esfuerzos para facilitar la identificación de casos del novel coronavirus, contribuir a contener la transmisión en sus comunidades y, en tiempos recientes, a tratar de retomar el desarrollo económico y social que afectó la emergencia.

Ambos ejecutivos municipales opinaron que lo que comenzó como una crisis de salud tardó poco en convertirse en una angustia en términos sociales y económicos, provocando un duro golpe al ya maltrecho camino que llevaban los alcaldes que tuvieron que manejar en cuatro años con potentes huracanes, terremotos y, en los últimos 12 meses, con la pandemia. Resaltaron, además, lo confuso que fue atender el tema, considerando que desde las grandes jerarquías del gobierno surgían informaciones desacertadas.

“En el caso de nosotros, recuerdo que nos citaron para el teatrito del Departamento de Estado y el secretario de Salud para aquel momento (Rafael Rodríguez) minimizó la llegada del virus. Dijo que eso estaba lejos y no veía la posibilidad de que llegara a Puerto Rico. Con eso empezamos y ahí me empecé a preocupar. Una semana después la realidad del mundo fue otra y tuvimos que entrar al primer ‘lockdown’, que fue algo nuevo para todos. Los alcaldes enfrentamos muchas pruebas en el cuatrienio pasado, creo que ha sido el más duro para cualquiera de nosotros no importa al partido que se pertenezca ni el pueblo”, rememoró Hernández, alcalde de Villalba.

Precisó que las emergencias provocadas por los huracanes Irma y María (2017), así como los terremotos que afectaron con gran potencia la región suroeste (2019-2020) ayudó a concienciar a los ejecutivos municipales sobre el nivel de urgencia de atención médica que surge durante este tipo de crisis.

“Pero creo que el gobierno, lamentablemente, no había aprendido esa gran lección que, por ejemplo, nos dejó el huracán María cuando entendimos que nada se puede minimizar. Nada. No existe cosa tal como una emergencia mínima. Todo puede ser grave y creo que los municipios, en ese sentido, aprendimos la lección y tomamos acción rápido durante la pandemia”, sostuvo Hernández.

La primera gran preocupación entre alcaldes fue la incertidumbre ante lo desconocido. ¿Cómo iban a enfrentar en términos económicos un cierre tan prolongado? ¿Cómo podían contribuir a contener la propagación del virus y a identificar los casos que fueran surgiendo en sus comunidades?

“Todo esto ocurre, prácticamente, en el cierre de presupuesto del año fiscal 2019-2020, donde todo ya estaba asignado y comprometido, y ya se había tenido que invertir por la emergencia del terremoto. Entonces, de momento, te encuentras con una pandemia que hay que entender, con una orden de ‘lockdown’ que hay que cumplir retirando empleados de sus oficinas, pero con unos servicios esenciales que hay que seguir dando antes que surjan otras crisis. Creo que ese fue el primer reto. Cómo dejo a mi gente trabajando y proveerles los equipos de seguridad que necesitaban para evitar los contagios. Al inicio fueron unos momentos bien difíciles”, dijo por su parte el ejecutivo municipal de Guaynabo y presidente de los alcaldes federados.

También hubo que asumir un plan de prevención para la población. Los alcaldes se lanzaron a las comunidades a repartir mascarillas, guantes, alcohol, sanitizer y otros artículos que durante las primeras semanas de emergencia se hacían muy difíciles de conseguir. También proveían alimentos asignados con fondos federales o a través de donativos de organizaciones sin fines de lucro.

Posteriormente, se comenzó a hablar a nivel de gobierno central de flexibilizar las restricciones y el aumento de casos salió a flote, junto a la preocupación de la comunidad científica de que para abrir comercios y dar paso a actividades sociales y recreativas hacía falta un buen sistema de vigilancia epidemiológica, un proyecto que el Departamento de Salud trató de implementar bajo un manto de confusiones y datos erróneos.

Entonces, los ayuntamientos salieron al rescate. Precisamente, fue en Villalba donde surgió el primer sistema de investigación de casos y rastreo de contactos, un plan que fue elaborado gracias a la colaboración de la epidemióloga Fabiola Cruz.

“Salud daba unos números de contagios y los municipios identificaban otros. La gente no sabía a quién creerle. Entonces surgió esa iniciativa por parte de Fabiola y así creamos en Villalba ese primer sistema de vigilancia que luego se replicó en otros municipios. Me acuerdo que los alcaldes nos comunicábamos por la plataforma Zoom para compartir ideas de cómo adoptar el sistema. Te diría que esa fue la herramienta, surgida desde los municipios en colaboración con la comunidad científica, que brindó control de los casos y mejorar la situación de la pandemia desde una perspectiva humanista”, detalla Hernández sobre el proyecto que, actualmente, se lleva a cabo en los 78 municipios a través del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC), adscrito al Departamento de Salud.

Pérez coincide y recuerda que, en su caso, empezó a establecer un sistema de rastreo desde abril, a poco más de un mes de declarada la pandemia. “Fuimos la primera ciudad metropolitana en lograrlo”, dijo.

Ambos reiteran que la emergencia del COVID-19 hizo evidente la importancia de que el sistema de vigilancia epidemiológica permanezca en los municipios para mantener control de enfermedades como influenza y dengue, entre otras.