La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) denunció a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, el Gobierno, la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por la posible pérdida de acreditación que enfrenta el Reciento de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

De acuerdo con la APPU, los recortes de fondos indiscriminados contra la UPR han llevado a que el Recinto de Ciencias Médicas no haya podido cumplir con uno de los estándares de acreditación que exige la Middle States Commision on Higher Education (Msche), que exige que la institución cuente con los recursos y planificación necesaria para poder llevar a cabo su misión educativa.

La APPU denunció además que esa ausencia de fondos adecuados que hoy amenaza con la desacreditación del Recinto de Ciencias Médicas también está afectando a la UPR en general.

La APPU anunció que, ante esta situación crítica para la salud del país, han enviado una comunicación al gobernador Pedro Pierluisi, la Cámara, el Senado, la JSF y el Congreso de los Estados Unidos, para solicitar que se atienda la situación fiscal de la institución educativa y se encuentren alternativas para garantizar que no pierda su acreditación.

En dicha misiva, piden que la UPR sea declarada “servicio esencial” de manera que se pueda proteger su presupuesto, según lo establecen disposiciones de la Ley Promesa federal.

Asimismo, reclaman que se restituya a la UPR su presupuesto del 9.6% de los recaudos del gobierno, según dicta la Ley 2 de 1966, y afirman que la institución no puede funcionar con la mitad del presupuesto, tal como pretende el Plan de Ajuste de la Deuda recién confirmado por el tribunal federal.

Ángel Rodríguez Rivera, presidente de la APPU y profesor de la UPR en Cayey, condenó “el empeño abusivo e irrespetuoso en recortar fondos de manera indiscriminada por parte de la Junta de Control (Supervisión) Fiscal a la UPR” y agregó que eso “ha llevado a esta situación de crisis en nuestro Recinto de Ciencias Médicas”.

“Ante ese ataque de la JCF (JSF), el gobierno central en todas sus ramas, no ha tenido la valentía, ni el coraje de defender la UPR como servicio esencial en nuestro país. La Junta de Gobierno de la UPR y la alta gerencia de la institución han seguido tratando de argumentar la viabilidad de la Universidad ante una situación presupuestaria que es claramente insostenible”, agregó el líder sindical.

La APPU indicó que, aunque “por años, cada vez que los estudiantes han levantado su voz de protesta por que pasa en la UPR se les ha acusado de ser los culpables de los problemas de acreditación de la Universidad”, lo ocurre en Ciencias Médicas “pone al descubierto que el problema real de la UPR es que no se le conceden los fondos necesarios para su financiamiento”.

Rodríguez Rivera subrayó que, aunque en estos momentos la atención mayor esté sobre el Recinto de Ciencias Médicas, “es el mismo problema que señalan profesoras de Ciencias Naturales en el Recinto de Río Piedras, el Recinto de Humacao, Cayey, Carolina y el resto del Sistema UPR”.

La APPU destacó también que el reclamo de regresar a la fórmula de 9.6% no se aleja de lo que destinan otras jurisdicciones para su educación universitaria pública, pues los demás estados de los Estados Unidos asignan en promedio 9.5% de sus ingresos para esos fines.

Rodríguez Rivera se refirió al reciente anuncio de una asignación de fondos a la UPR que hizo el gobernador Pedro Pierluisi y sostuvo que “esa asignación de fondos no resuelve el problema del Recinto de Ciencias Médicas. Las agencias acreditadoras necesitan fondos que sean recurrentes, y no fondos que funcionen como parche en un momento específico”.

A preguntas de la prensa, explicó que los fondos anunciados “no son suficientes” y, además, “en la medida que no son fondos recurrentes, vamos a encontrar este mismo problema una y otra vez”.

“Parte del problema de moverse de una asignación de fondos por fórmula es que no permite la planificación académica y la planificación económica de la institución, y cuando vamos ante las agencias acreditadoras no tenemos un plan estructurado para poder decir cómo va a funcionar la Universidad”, agregó Rodríguez Rivera.

El líder sindical recordó que, cuando la Universidad acepta un estudiante, establece un compromiso que “no es de un semestre o de un año. A nivel de bachillerato se supone que tengamos un compromiso de cuatro a seis años que es lo que establecen los parámetros de la graduación. Es decir, que si de un año a otro continúo reduciendo el presupuesto, ese compromiso contractual que adquirimos con ese estudiante se va violentando, porque ese estudiante no sabe si su próximo semestre, si su próximo año académico, va a tener los cursos necesarios”.

Lida Orta Anez, presidenta del Capítulo de la APPU en Ciencias Médicas y catedrática de la Escuela de Salud Pública, sostuvo que, sin el compromiso de fondos recurrentes “que es la condición que ha establecido la agencia acreditadora, y no un parchito por unos meses o por un año”, es “altamente probable” que ocurran consecuencias negativas para la institución.

Agregó que ya “se está discutiendo” en la Junta de Gobierno “un corte en la nómina de la Universidad de Puerto Rico de $30 millones”.

Alertó que, más allá de impacto en la facultad de Ciencias Médicas, el asunto trasciende a todo el País, pues es allí “donde se desarrollan los profesionales que atienden la salud del país”.

“En este momento histórico que estamos viviendo, le diría al pueblo de Puerto Rico que pensaran en Puerto Rico en los pasados dos años sin epidemiólogas, sin epidemiólogos, sin personas que nos estuvieran orientando cómo manejar esta situación pandémica que tanto daño nos ha hecho y que tantas preocupaciones nos causa. Esas personas, se educan en este Recinto de Ciencias Médicas. De eso es de lo que estamos hablando”, agregó Rodríguez Rivera.

El grupo de profesores comentó que la falta de fondos mantiene a la universidad con una cantidad de estudiantes limitada, a pesar que hay demanda por los diversos cursos que ofrece la UPR y hay capacidad física para atender a muchos más estudiantes.

De hecho, denunciaron que alrededor del 47% de los docentes están trabajando “por contrato”, sin beneficios de plan médico y retiro, sin seguridad de empleo, a tiempo parcial o con clases distribuidas por varios recintos para que no cumplan con el requisito para ser considerados a tiempo completo.

Denunciaron, además, que los recortes fiscales dificultan o impiden el desarrollo de investigaciones, “porque para la investigación hace falta dinero. Las mejores universidades a nivel mundial invierten dinero en la investigación, que a su vez pueda redundar en esos llamados fondos que no provienen del gobierno”.

María del Mar Rosa Rodríguez, coordinadora de la APPU y profesora de la UPR en Cayey, insistió en que de no atenderse adecuadamente este problema fiscal de la Universidad y continuar con las directivas del Plan de Ajuste de la Deuda que recorta sustancialmente los fondos destinados a la UPR, “va a resultar en la desacreditación de los recintos uno a uno”.

“Es importante entender que esto no es solamente el presupuesto del primer centro docente del país, esto es el presupuesto del primer centro de salud del país, esto es el presupuesto de la institución que da servicios legales, servicios de extensión agrícola, servicios de la red sísmica”, alertó Rosa Rodríguez, agregando que la UPR tiene la capacidad de ser el centro del plan de desarrollo económico que necesita Puerto Rico.