El gobernador Ricardo Rosselló insistió hoy en que su administración no pondrá en vigor el plan fiscal aprobado en vísperas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). 

“El plan fiscal no se puede llevar a cabo como está, porque es un plan de austeridad que patea el problema hacia el futuro, no da unas soluciones a corto plazo y recorta aún más, poniendo en precario la situación de los más vulnerables y las oportunidades de progreso”, sentenció el ejecutivo en un mensaje publicado en las redes sociales.

La afirmación de Rosselló, sin embargo, choca con la postura que asumió ayer su representante ante la JSF, Christian Sobrino, quien votó a favor de un nuevo plan fiscal para el gobierno que ordena aumentar los recaudos e imponer más recortes para lograr un superávit de $17,000 millones en unos cinco años.

Para evitar implantar el plan fiscal, la administración de Rosselló se presta a radicar antes de que finalice el próximo mes una apelación ante el Primer Circuito de Boston para dejar sin efecto un dictamen de la jueza Laura Taylor Swain que le dio el poder a la JSF de imponer política pública. 

“Las primeras esperanzas de nosotros están destinadas en el pleito y, si no, lo que ha hecho el gobernador (Ricardo Rosselló) hasta el día de hoy, seguir trabajando para hacer ajustes y tratar de promover el desarrollo económico de Puerto Rico dentro de las limitaciones que nos están imponiendo”, expuso ayer el portavoz del gobierno.

Según establece el plan fiscal del gobierno central, aprobado ayer en una reunión celebrada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar, en los próximos cinco años se debería recortar el gasto público en $2,848 millones y aumentar los recaudos en $554 millones. 

Para lograr las metas, el plan fiscal del gobierno contempla, entre otras cosas, una reducción de 10% en el pago de pensiones, así como una disminución en la aportación que hacen a los planes médicos de los servidores públicos y no pagarles el bono de Navidad, entre otras cosas.