El secretario del Departamento de Salud (DS), el doctor Víctor Ramos, anunció este domingo la firma de una orden administrativa que cambia la forma en que se maneja la verificación de historial delictivo que tienen que presentar cada año proveedores de servicios y profesionales de la salud con licencia, que muchos conocen como el “certificado de Ley 300”, y extiende su validez por tres años, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Según explicó el secretario, los proveedores de servicios al DS tenían que renovar ese certificado “año tras año”, incluso si no habían cambiado su lugar de trabajo, lo que provocaba largas filas y atrasos que, a su vez, resultaban en dificultades para ofrecer servicios a poblaciones más vulnerables como adultos mayores, niños y personas con diversidad funcional.

“En Puerto Rico, la ley dispone que se tiene que hacer anual la huella dactilar para las personas. Eso creaba un volumen de personas, sobre todo para esta época que empiezan las clases, que empiezan los cuidos, sumamente oneroso”, sostuvo Ramos, agregando que “en la mayoría de los estados, esto se hace cada tres a cinco años, no anualmente como dispone la ley local”.

Ahora, subrayó que la extensión en la vigencia del documento es a tres años, “siempre que el proveedor permanezca trabajando en la misma entidad y cumpla con unos requisitos sencillos, pero efectivos”.

¿En qué consiste?

Explicó que ahora, el proveedor, en lugar de pasar por todo el proceso nuevamente en los años dos y tres de la extensión de vigencia, “podrá presentar un Certificado de Antecedentes Penales expedido por el Negociado de la Policía de Puerto Rico”.

Sin embargo, para acogerse a la extensión, deberá autorizar su inscripción en el sistema federal Rap Back del FBI (Negociado Federal de Investigaciones), que permite detectar de manera inmediata si hay cambios en el historial criminal de una persona registrada.

“Esto no solo es más eficiente, es más seguro. Es vigilancia continua, sin necesidad de repetir procedimientos innecesarios”, afirmó.

Esta misma disposición también aplicará a los profesionales de la salud con licencia. En lugar de repetir el proceso año tras año, solo necesitarán presentar el certificado del Departamento al momento de renovar su licencia. En los años intermedios, el certificado de la Policía será suficiente, siempre que el profesional esté inscrito en el Rap Back.

Así mismo, la orden también dispone que “todo certificado vigente al día de hoy, seguirá siendo válido hasta el 1 de septiembre de 2025, si se acompaña del certificado de la Policía y cumple con los requisitos”.

Sostuvo que había unos 45,000 certificados pendientes en Educación y unos cuantos miles más en el Departamento de la Familia, “que no había manera de hacerlos ahora para ahora”. La extensión a septiembre también toma en consideración que ya están trabajando, en colaboración con legisladores, para lograr que establezca, por ley, algo similar a lo dispuesto en la orden administrativa.

“Así que la preocupación para el inicio de clases y todas estas cosas, pues ya no existiría, porque quedan extendidos hasta septiembre 1, y los que llamen y se unan al Rap Back no tienen que hacérsela hasta cada tres años. El que quiera hacérsela anual, pues no se une al Rap Back. Pero no creo que eso era lo que quieren hacer la gente, porque vale $70 cada año y tienen que ir a hacer la fila. Así que me imagino que la mayoría querrá hacérsela cada tres años”, sostuvo Ramos.

El pediatra indicó que ese proceso de renovación cada 12 meses del certificado del Puerto Rico Background Check Program “venía siendo una piedra en el zapato para muchos”, pues aun sin que hicieran cambios, “era un gasto innecesario de tiempo y de dinero para los patronos, para el personal y para nosotros como agencia”.

“Y no, no estamos relajando controles”, afirmó. “Al contrario, estamos siendo más precisos, más estratégicos. Rap Back nos permite reaccionar con rapidez ante riesgos reales, sin recargar a quienes están cumpliendo”.

De acuerdo con Ramos, esta medida beneficia a: instituciones de cuidado, “que no tendrán que perseguir documentos anualmente”; profesionales y cuidadores, “que podrán enfocarse en lo importante, cuidar”; al sistema de cumplimiento, “que podrá concentrar sus recursos en lo que realmente necesita seguimiento”; y al pueblo de Puerto Rico, “que se merece un sistema de salud funcional y con herramientas modernas”.

“Ya se firmó la orden administrativa y ya se acabó el problema de estar haciendo las huellas dactilares todos los años, lo que hacía que viejitos se quedaran, habiendo camas disponibles en cuidos, se quedaran sin entrar a ellos porque no tenían el personal, lo cual era absolutamente innecesario”, insistió el secretario.

“Así que estamos muy contentos con la orden administrativa. Eventualmente esperamos que haya una ley. Pero ya este problema no va a existir más. Los viejitos van a poder entrar a sus cuidos, la gente en las escuelas y en los cuidos de niños no van a tener que estar en esta fila y esta tortura anual. Así que va a ser como en la mayoría de los estados que es cada tres años”, agregó.

El secretario hizo el anuncio en declaraciones ofrecidas como parte de la conferencia de prensa que ofrece La Fortaleza al inicio de cada semana, para repasar lo que considera sus logros o iniciativas más importantes conseguido durante la semana precedente.