Sectores empresariales defendieron este miércoles el Proyecto de la Cámara 1115, medida que propone eliminar la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo (CESM) y “restituir la facultad de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para determinar todo lo referente a la fijación del salario mínimo en la jurisdicción de Puerto Rico”, así como “derogar la ley 47-2021, según enmendada, conocida como Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico”.

Entre los argumentos principales, destacaron el hecho de que la Comisión, que debe tener 7 miembros, “nunca ha contado con la totalidad de sus integrantes”, pero la ley le permite funcionar con un quórum de 5 miembros, y aprobar decisiones importantes con el voto mayoritario de 3 miembros, como ocurrió con la única determinación que han tomado, en el verano de 2024.

De acuerdo con los representantes del sector empresarial, esa situación constituye una violación a los principios de democracia y de justa representatividad, que ha afectado desproporcionadamente a los patrones, que nunca han contado con los dos miembros que les deberían representar, que de cualquier forma consideran no son suficientes.

De acuerdo a las declaraciones de un grupo que incluyó a la Asociación Hecho en Puerto Rico, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimento (MIDA), la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico, la Asociación de Restaurantes, la Asociación de Constructores de Puerto Rico, el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Industriales de Puerto Rico, la Asociación de Bancos de Puerto Rico y la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, la Ley 47 no tomó en cuenta que las determinaciones de la Comisión “son equivalentes a regulaciones económicas que, bajo la Ley PROMESA, necesitan de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)”. O sea, que la palabra final siempre la tendría ese ente regulador.

Además, según Mateo Cidre, presidente de Hecho en Puerto Rico, y quien habló en nombre de ese grupo de entidades, deben ser los funcionarios electos de manera representativa los llamados a tomar las determinaciones económicas de gran magnitud. Como ejemplo, destacó que “la presente administración está proponiendo una reducción contributiva a la clase trabajadora, lo cual representa un aumento en el sueldo disponible de los trabajadores sin impactar a las empresas ni generar inflación”.

Ramón Barquín, presidente del Centro Unido de Detallistas, también destacó que la Comisión constituye otra capa de burocracia, en momentos en que política pública, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, va dirigida a eliminar burocracia gubernamental.

Reiteró la crítica a la Comisión por su “falta de representación del sector empresarial”, y consideró que eso hace que sus procesos sean “poco confiables y carentes de la más alta transparencia”.

Barquín agregó que la Comisión debería incluir a un miembro que represente a las Pymes y otro al sector de servicios u organizaciones sin fines de lucro, que también se ven impactados por los cambios al salario mínimo.

Por su parte, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), aunque sostuvo que “coincidimos con la intención legislativa del P. de la C. 1115 de restituir en la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo”, consideró “indispensable la permanencia de un organismo consultivo autónomo que realice análisis económicos rigurosos y objetivos, y que sirva de apoyo técnico para fundamentar adecuadamente cualquier determinación legislativa sobre aumentos al salario mínimo”.

Agregó que entendían “esencial preservar la causa de acción reconocida en la Ley 47, a favor del obrero por diferencias en el pago del salario mínimo, así como su correspondiente término prescriptivo”.

“Por lo tanto, no podemos respaldar el P. de la C. 1115, según redactado. No obstante recomendamos a esta honorable Comisión que mantenga la CESM, aunque con funciones delimitadas”, agregó el DTRH.

Ferrer defiende la comisión evaluadora

En su turno, sin embargo, el representante Héctor Ferrer refutó algunos de los argumentos presentados por los miembros del sector empresarial, y, en el caso de los cuestionamientos de democracia y representatividad, comentó que la Ley 47 se aprobó con “la Asamblea Legislativa más diversa” que ha tenido Puerto Rico, y firmado por el gobernador de turno, Pedro Pierluisi, que era de un partido diferente al que tenía mayoría en la Legislatura.

Recordó, además, la Legislatura está facultada de delegar facultades y deberes a agencias, o crearlas.

Agregó que como representante del sector empresarial, si perciben que la ley les causa un daño claro, la misma jurisprudencia les permite acudir ante los tribunales y demandar, como ocurrió en el pasado, cuando representantes del sector empresarial acudieron ante el tribunal a reclamar contra la implementación del salario mínimo, si bien perdieron el caso.

Aludiendo al texto de la Ley 47, que establece que las asociaciones o agrupaciones empresariales con más de 100 miembros son los encargados de presentar al Ejecutivo quiénes serán sus representantes ante la Comisión, para que entonces el gobernador o gobernadora los nombre, y luego vayan ante el Senado de Puerto Rico para recibir su consejo y consentimiento, el representante Ferrer les preguntó sobre las gestiones que se habían hecho para nombrar a ese representante del sector patronal que han dicho no está presente en la comisión, y si habían recibido alguna comunicación de parte de la gobernadora Jenniffer González para llenar esa vacante.

“No hemos sido consultados, sí hemos dado privadamente recomendaciones”, respondió Barquín, mientras que otros líderes de asociaciones también respondían en la afirmativa.

“Pues me parece que entonces no es una falta de ejecución de parte de la Comisión, sino una falta de ejecución por parte de la gobernadora de tomar decisiones y presentarle al Senado de Puerto Rico los nombramientos”, respondió el representante.

Todavía más, el representante Ferrer repasó que, previo a la Ley 47, pasaron 13 años sin que se hicieran aumentos al salario mínimo, más allá de los que se implementaban por disposición federal.

“Devolver el salario mínimo a la Legislatura es convertir el salario mínimo en un balón político”, afirmó Ferrer, agrando que, “cuando depende el salario mínimo de los políticos, no aumenta”.