Con júbilo recibieron los conductores un proyecto de ley del Senado que busca ofrecerles un plan de pago a aquellos infractores que tengan acumulados más de $500 en violaciones a la Ley de Tránsito o que no puedan saldar sus deudas 30 días después de emitidas.

Como dijeron algunos, la economía está mala, no hay chavos “ni para comer”, así que cualquier alivio, por mínimo que sea: ¡bienvenido!

“Ahora mismo yo no tengo los $500 para una copia de la licencia que estoy solicitando y la necesito para poder llevar la nena a la escuela, para ir al trabajo y para poder protegerme de cualquier accidente. Es triste que no le den la oportunidad a uno que quiere echar para adelante”, lamentó Christian Edgardo García, de Bayamón.

Como García, son muchos los conductores que se ven en la necesidad de renovar o reclamar una copia de su licencia y al hacerlo, se dan con la sorpresa de que su registro choferil está cargado de multas y no tienen cómo pagarlas.

Unos optan por buscar dinero prestado, por dejar pendientes unos pagos o, peor aún, por continuar manejando sin licencia a pesar del peligro que esto implica.

“Me parece una alternativa viable, porque si no, te vas a ir a la calle y vas a ser negligente”, dijo el paramédico al mostrar su apoyo al proyecto del Senado 163 que plantea la alternativa de un plan de pagos para los deudores.

De hecho, parecen ser muchos los que han optado por continuar manejando sin licencia de conducir, confirmó el director de los Centros de Servicio al Conductor (Cesco), Heriberto Pérez, aunque sin ofrecer cifras exactas.

“Sí hemos detectado una merma de los ingresos de la Directoría, porque entendemos que hay personas que no están renovando y una de las razones puede ser que tengan multas y no tengan la capacidad de poder pagar ahora mismo”, señaló el funcionario.

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Rubén A. Hernández Gregorat, favoreció la pieza legislativa durante las vistas públicas, aunque sugirió ciertos cambios al lenguaje de la misma.

Pérez igualmente entiende que se trata de una propuesta viable, a pesar de que la Directoría sólo recibiría el 10% del total que se pague por concepto de los boletos emitidos por estacionamientos asignados a impedidos, así como $1 de cada boleto pagado que haya sido otorgado por el Cuerpo de Ordenamiento del DTOP.

El resto del dinero recaudado con la posible ley iría al Fondo General del Gobierno.

“Definitivamente, entraría un ingreso directo al fisco. Adicional a eso, como se trata de un sistema de pago, entraría dinero continuamente y tendríamos en adición un conductor autorizado para conducir y no con una licencia vencida”, detalló sobre las ventajas de la propuesta.

La medida, una vez convertida en ley, aplicaría a dos tipos de infractores: a aquellos que no puedan pagar un boleto 30 días después de emitido y a aquellos que al momento de renovar o solicitar un duplicado de la licencia de conducir deba $500 o más por concepto de multas.

En el primero de los casos, el conductor tendrá que hacer un pago inicial equivalente al 50% de la totalidad de la deuda, teniendo entonces los plazos adicionales establecidos por el secretario de Hacienda. Los segundos tendrán que hacer un pago inicial del 25% del monto de la deuda, teniendo entonces que hacer los pagos adicionales en un periodo no mayor de 12 meses.

Mientras el ciudadano esté acogido al plan de pago y cumpliendo con el mismo no se le impondrán recargos. Sin embargo, los permisos expedidos bajo promesa de pago podrán ser revocados después del incumplimiento de dos plazos o más corridos, por lo que quedará impedido de transitar por las vías del país.

El proyecto ya fue aprobado por el Senado y está a la espera de pasar por el cedazo de la Cámara de Representantes. Las expectativas son que sobreviva.

Jesús Morales, residente de Santurce, fue otro de los que apoyaron la medida de la autoría de la senadora Norma Burgos. Él, sin duda, hubiera sido uno de los que se habría, acogido.

Lleva dos meses sin empleo y el poco dinero que tenía ahorrado lo tuvo que utilizar para pagar “bastante” en multas.

“Hubiera preferido un plan de pago, porque ahora mismo estoy desempleado y no es fácil. Era lo único que tenía guardado”, relató el hombre.

“Si uno no los tiene a la mano, no es fácil, como me pasó ahora mismo”, agregó.

Osvaldo Rodríguez era uno de los que no sabían qué harían. Debe $610 en multas y no tiene cómo pagarlas. De la pasada amnistía tampoco se pudo beneficiar, pues estaba sin trabajo a causa de un accidente y a la espera de la aprobación del seguro social.

“Es más cómodo. No tiene uno que sacar ese dinero de cantazo como me está pasando ahora. Si se hubiera aprovechado con la amnistía, pero no pude”, contó.

Pérez aclaró que no hay un tope en el monto total de la deuda que autorice a la Directoría a cancelarle la licencia a ese conductor, por lo que hay ciudadanos que le adeudan a la Directoría hasta $10,000 por concepto de multas. Tampoco, dijo, la cancelación está atada al sistema de puntos, pues no todas las faltas conllevan reducción de puntos al registro choferil.

Las multas que conllevan bajas en el registro son aquellas que se emiten mientras el conductor va en el vehículo. Entre las más rigurosas sobresalen las de exceso de velocidad, con seis puntos cada una.

Éstas son eliminadas cada tres años a petición del conductor.