El Departamento de Justicia anunció ayer la adquisición de un sistema portátil de circuito cerrado que viabilizará, entre otras aplicaciones legales, que más menores puedan testificar en contra de sus supuestos agresores sexuales sin el trauma de tener que encararlos en corte abierta.

El anuncio surgió a una semana de que PRIMERA HORA revelara en exclusiva que, según estadísticas de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), el uso de este tipo de sistema se había reducido en un 71 por ciento entre 2005 y 2006. Expertos en el área de abuso de menores denunciaron que, a pesar del trauma para las víctimas, los jueces en ciertas regiones estaban exigiendo cada vez más que el testimonio fuera frente a frente con el supuesto agresor. La OAT, por su parte, indicó entonces que era innecesario comprar equipo nuevo.

Al anunciar ayer la adquisición del equipo, a un costo de $50,000 sacados de partidas federales, el secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, no se hizo eco de las críticas a la Judicatura y se limitó a mencionar que, en su experiencia, eran pocos los jueces que se negaban impropiamente a permitir el testimonio por circuito cerrado y que sus estadísticas reflejan que la reducción de uso fue menor.

Sin embargo, enfatizó que la política pública del Gobierno es promover el uso de la tecnología y que esto no se podría hacer contando con la OAT porque ellos sólo tienen un sistema de circuito cerrado fijo en cuatro de las 13 regiones judiciales. Estas regiones son San Juan, Bayamón, Carolina, y Ponce.

El equipo develado ayer se une a otro que Justicia usa desde 1998. Ambos son portátiles, lo que permite su desplazamiento por todas las regiones judiciales, pero el nuevo es inalámbrico, más ligero, y tiene capacidad para transmitir imágenes por Internet. Como funciona el equipo es que la víctima puede prestar testimonio en un cuarto distinto a la sala en la que se está llevando a cabo el procedimiento. Esto lo hace sin tener que ver a su supuesto agresor, aunque sí ve al juez, fiscales y otros actores del proceso. En cambio, en la sala, el juez y el supuesto agresor tienen pantallas respectivas que les permiten observar a la víctima.

El choque en estos casos es que el acusado tiene el derecho de encarar a su acusador, pero los tribunales ya han establecido que el circuito cerrado no violenta ese derecho.