El Supremo más empina’o que el Everest.

Si prospera la solicitud que hizo la Rama Judicial, conseguir que el Tribunal Supremo revise un caso regular, además de los requisitos de derecho, costará por lo menos $415, un aumento de 188 por ciento con relación a los $144 que cuesta ahora, y obtener la revisión de un recurso extraordinario costará también $415, un alza de 1,629 por ciento respecto a los actuales $24.

Así se desprende del proyecto de la Cámara de Representantes 3134, que PRIMERA HORA publicó en exclusiva el martes y en el que la Rama Judicial persigue aumentar casi todos los costos de los procedimientos judiciales y trámites de alguaciles. Incluso, les pone costo a procesos que actualmente son gratis, como solicitar la revisión de una multa de tránsito o celebrar bodas.

La medida ha encontrado oposición en las representaciones legislativas de los tres partidos, así como en representantes de entidades que prestan servicios legales a indigentes y entre abogados de la práctica privada.

Actualmente, una demanda de controversia regular cuesta $40 (radicación), $4 (emplazamiento por alguacil), $50 (revisión en el Tribunal de Apelaciones), y $50 más (revisión en el Supremo), para $144. Los aumentos lo llevarían, respectivamente, a $100 más $40 más $125 más $150 para un total de $415. En el caso de un recurso extraordinario, como mandamus o interdicto, actualmente es $12 (radicación), $4 (emplazamiento), $8 (revisión en Apelaciones) y $0 (Supremo), para $24; pero el proyecto lo aumenta a, respectivamente, $100 más $40 más $125 más $150, para $415.

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) dijo en un memorial explicativo que rindió en una vista a puerta cerrada de la Comisión de lo Jurídico y Seguridad el 21 de diciembre que los aumentos son necesarios para financiar un proyecto de renovación tecnológica, pero no ha abordado el fundamento de las oposiciones al proyecto, es decir, cómo los aumentos van a cerrar la puerta a las personas que no tienen los recursos para costear los aranceles.

¿Sacrificio razonable?

La razonabilidad de los aumentos, que van del 150 al 1,462 por ciento, fue la base también de las objeciones que expresó la Oficina Legal de la Comunidad con sede en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, a través del presidente de su Junta de Directores, Carlos Rodríguez Vidal.

“Yo creo que va a necesitar hacerse algún sacrificio tanto para modernizar y desburocratizar los servicios que brinda la Rama Judicial como para suplir los recursos que necesitan las organizaciones de servicios legales a indigentes. Mi preocupación es si se requiere que sea en el grado que propone la medida, en todos los renglones que se describen en la medida”, argumentó Rodríguez al subrayar que “en algunos es entendible (pero) en otros no es tan evidente por qué tienen que ser tan altos los aumentos”.

El abogado aceptó que hay una población indigente que recibe servicios legales a través de una diversidad de entidades, todas con estrechez presupuestaria, pero recordó que estas entidades no cubren a todas las personas con recursos escasos como podrían ser, por ejemplo, los inmigrantes que no han legalizado su estadía en la Isla y que necesitan ir a los tribunales para ciertos trámites.

Sobre el otro elemento del proyecto, que le da al Juez Presidente la facultad de determinar los aumentos futuros sin tener que obtener aprobación legislativa, Rodríguez sostuvo que el Juez Presidente es el que mejor conoce las necesidades de su rama, “pero las otras ramas tienen igual o mayor contacto con el pueblo para entender cuáles son sus necesidades” y que “debería haber algún tipo de mecanismo mediante el cual cualquier acción que tome la Rama Judicial a esos efectos sea, cuando menos, en consulta con las otras dos ramas de gobierno”.