Suspenden vistas en caso piratería de películas

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 17 años.
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Arecibo.- Aunque en el Centro Judicial de Arecibo se suspendieron dos vistas preliminares relacionadas a la piratería de discos compactos y películas, el investigador de la Motion Picture Association of América, José A. Vélez Montano, aseguró que la ofensiva contra esta práctica no se detiene.
Vélez Montano dijo ayer que continuamente se hacen intervenciones y se presentan cargos a personas relacionadas con esta industria ilegal.
“La gente cree que éste es un delito simpático, pero no es así. Esto puede conllevar la cárcel”, expresó Vélez Montano. “Los distribuidores aprovechan la situación económica de estudiantes universitarios y personas desempleadas y le ofrecen ganancias de más de un 30% por cada película que vendan”, agregó.
El investigador señaló que continuamente está en los tribunales del país como testigo en los procesos judiciales porque el interés de la industria es el procesamiento de los piratas.
Vélez Montano es testigo contra Jesús Quiñones Otero, un ex policía imputado de grabar una película de estreno en una de las salas de los Caribbean Cinemas, en Barceloneta.
La vista preliminar contra Quiñones Otero no se realizó ayer porque su abogado Ramón Negrón no pudo comparecer al Centro Judicial de Arecibo. La jueza Wanda Linares suspendió la vista para el 27 de octubre.
Ayer, también estaba pautada en el Centro Judicial de Arecibo, la vista preliminar contra Rolando y Saulo Álvarez Santiago, María Pagán, y Olga Sánchez.
A estos cuatro imputados se les atribuye la venta de películas y discos compactos pirateados en un kiosco en el barrio San José, en Manatí.
Según Vélez Montano, a los imputados se les incautó alrededor de 1,500 películas piratas.
Javier Morales, perito de la Recording Industry Association of America, también es testigo contra este grupo que presuntamente tenía en su poder 1,565 discos compactos de música.
La vista se suspendió porque los imputados se presentaron ayer sin representación legal. La jueza Linares citó el caso para el 30 de octubre.