Christian y Elizabeth son una joven pareja que estuvieron ahorrando y haciendo ajustes por un tiempo considerable para -en algún momento- comprar su propia vivienda.

Cuando ya estaban en posición de hacerlo, buscaron durante semanas esa propiedad soñada hasta que encontraron la casita con la que hubo esa conexión, casi mágica, que hizo que ambos tomaran la decisión de ir por ella.

Llamaron al número que aparecía en el anuncio, allí contactaron con míster Swift, y comenzaron el tedioso y complicado proceso de compra.

Y todo lucía bien, camino a cumplirse el sueño, hasta que míster Swift de repente dejó de responder sus llamadas y mensajes.

El corredor, que apenas hablaba unas palabras en español, desapareció sin dejar rastro, y con los $5,000 que había depositado la pareja para asegurar la casita. Lo más frustrante para Christian y Elizabeth fue que ni siquiera encontraban la forma de cómo reclamarle y al menos recuperar ese dinero.

Si bien se trata de una historia y personajes ficticios, bien podría ser el escenario que enfrenten compradores en la Isla con la puesta en vigor de la Ley 102, conocida como la Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Profesionales, que permite a profesionales de Estados Unidos, incluyendo corredores de bienes raíces, ejercer en la isla sin revalidar sus licencias.

Lo que ocurre, explicó Orlando Vázquez, vicepresidente de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, es que la ley entró en vigor con una promesa de que se le harían unas enmiendas, como lo reconoció entonces públicamente la propia gobernadora Jenniffer González al firmarla, pero la propia ley establece un término de 180 días para el Departamento de Estado y las respectivas juntas crearan y emitieran los reglamentos estableciendo cómo operaría la ley. Y ayer, 28 de enero, se venció ese plazo, y no había salido el reglamento, al menos en el caso de los corredores de bienes raíces, ni había señales de que eso fuera a ocurrir. Y lo mismo estaba ocurriendo con respecto a las enmiendas que se prometieron.

“Al no haber un marco regulatorio, eso crea incertidumbre, no solamente en las personas que vienen a vender aquí en Puerto Rico, crea incertidumbre en nosotros como profesionales de esta industria, que no sabemos si realmente podemos hacer negocios con esas personas. Y creo que una de las cosas más importantes es que el consumidor pudiera entrar en una negociación con una persona que, a lo mejor, no tiene las capacidades o el conocimiento básico necesario para llevar a cabo este tipo de transacción en Puerto Rico”, denunció Vázquez en entrevista con Primera Hora.

Sostuvo que, quizás se tardó el reglamento a la espera de las enmiendas, para no perder el tiempo haciendo algo que luego fuera académico.

“Pero no ha sucedido ni una cosa, ni la otra”, insistió, agregando que la ley no dice nada sobre qué sucede si vence el término establecido para hacer el reglamento y no se ha realizado. Solamente se limita a establecer que recae la obligación de hacer ese reglamento en el Departamento de Estado y sus respectivas juntas.

Como resultado de ese “limbo legal”, alertó, pueden venir a operar en Puerto Rico corredores y se les daría una licencia provisional de manera inmediata, sin más exigencias, con todos los riesgos que eso supone para compradores, corredores y demás personas que participan directa o indirectamente de este negocio. Además, coloca en clara desventaja a los corredores locales, cuya operación se rige por la Ley 10 del 26 de abril de 1994, y les impone un sinnúmero de requisitos.

“Según dice la ley, se les va a dar una licencia provisional, inmediata, en lo que ellos completan los requisitos”, explicó. Con esa licencia, pueden operar “como cualquier otro corredor de bienes raíces en Puerto Rico”.

El experto abundó que, “se les va a dar esa licencia inmediata, en lo que se verifican los requisitos, y la propia ley dice que, si en 30 días no se ha entonces trabajado el proceso de esa licencia, automáticamente se le otorga la licencia. Y ahí es donde nosotros tenemos una gran preocupación”.

“A nosotros nos exigen como corredores en Puerto Rico bona fide unos cursos preparatorios, educación continua, tener una fianza, tener cuenta plica, someter un montón de requisitos. Ellos llegan directo y se les da una licencia automática”, criticó.

Explicó que todo corredor -por ley- tiene que tener una cuenta especial plica con un banco local, que es donde van los depósitos de las transacciones mientras se lleva a cabo el proceso de vender la propiedad. Es decir, es una garantía, que protege tanto al vendedor como al comprador. Si el comprador se arrepiente, pierde ese depósito, pues el vendedor sacó la propiedad del mercado. Y el comprador, al adelantar ese dinero, recibe la garantía de que esa propiedad no se va a negociar con otra persona o entidad.

“Aquí el riesgo es que ese dinero no va a estar en un banco en Puerto Rico. DACO (Departamento de Asuntos del Consumidor) no tiene injerencia ninguna sobre esa cuenta plica, que actualmente la tiene sobre las cuentas de nosotros aquí en Puerto Rico. Prácticamente no hay un control”, sostuvo.

Por otro lado, el corredor debe incurrir en una fianza, que es “una garantía accesoria” para que, en caso de que cometa alguna violación al reglamento afectando al comprador y DACO -luego de una querella- adjudique que tenga que devolver el dinero, “pues de ahí se garantiza que al consumidor se le va a resarcir X daño”.

“Es una garantía para el consumidor, una fianza que le va a asegurar por lo menos hasta $10,000, que es lo que piden en Puerto Rico ahora mismo”, manifestó Vázquez.

“Estas personas (corredores extranjeros), si vienen aquí a Puerto Rico, no tienen ninguna de las dos, ni cuenta plica ni fianza”, insistió.

Enfatizó en el hecho de que el DACO supervisa la profesión y tiene injerencia sobre cualquier tipo de negocio que hagan, e incluso puede intervenir sin que haya una querella. Pero en el caso de estas personas que vengan de afuera, al no estar clara su situación en términos de licencia, si una persona hace negocios con ese corredor y desaparece, “DACO no sabe quién es esa persona, DACO no tiene una cuenta plica, no hay una fianza de dónde poder resarcir los daños a ese consumidor. Así que el consumidor se arriesga a perder una gran cantidad de dinero porque los depósitos que se dan son sustanciales, de miles de dólares”.

A falta de un reglamento, insistió, probablemente ese comprador afectado tenga que terminar haciendo una querella ante la Policía, para que entonces ellos investiguen a ver si eventualmente lograr recuperar su dinero.

Vázquez criticó además que, aunque la ley pretendía establecer una supuesta reciprocidad, que permitiría que los profesionales de Puerto Rico pudieran ejercer en otros estados en condiciones similares, “eso realmente no existe”.

“Yo tengo que tener una licencia del estado donde yo pretenda hacer negocios para poder operar allá. Por ejemplo, en Florida, para ir a hacer negocios, tengo que coger un curso preparatorio, tengo que pasar por un proceso de experiencia, y a los dos años, saco primero mi licencia de asociado o de vendedor, y a los dos años entonces puedo sacar mi licencia de corredor y poder ejercer por mi cuenta independiente. O sea, se lleva a cabo un proceso, que yo entiendo que es lo recomendable. Pero aquí no, aquí ellos llegan, y si tiene su licencia, después que tengan tres de años con esa licencia emitida allá, pueden venir aquí y comenzar, sin ningún tipo de preparación”, dijo.

Vázquez aclaró, de manera enfática, que “no tenemos problemas con que vengan” corredores de allá, y, de hecho, “históricamente, por años han venido a hacer negocios aquí”, además de que considera “buena” la competencia porque obliga a ser un profesional más eficiente.

“Pero debe de ser una competencia justa, que en este caso no la hay. No es una competencia justa. A nosotros se nos requiere unas cosas, a ellos no, pues definitivamente nos afectamos nosotros, los 11,000 y pico de corredores con licencia en Puerto Rico”, insistió.

Un punto adicional a considerar sería la posible entrada de grandes compañías, que no solo se llevarían el dinero fuera de Puerto Rico, sino que traerían corredores de allá, que desplazarían a muchos corredores puertorriqueños, “y en este negocio, y especialmente en esta profesión de bienes raíces, tenemos muchos jefes de familia, especialmente mujeres, que esta es su profesión, que trabajan en esto ‘full time’, y que esto es el sustento de sus hogares. Y estarían amenazados”, sobre todo si se toma en cuenta que “el mercado se ha contraído, que hay una escasez de propiedades y muchísimos corredores”.

“Y vuelvo y recalco, no nos oponemos a que vengan, pero que lo hagan de una manera justa, ordenada, bajo las mismas reglas. Eso es lo que queremos”, reiteró.

Indicó que la Asociación, por ahora, no ha proyectado someter algún recurso legal, pues están “agotando todos los recursos disponibles, en buena lid”. Sin embargo, insistió, “ya estamos entrando en una etapa que nos preocupa grandemente qué va a pasar” ante tanta incertidumbre, y no descartan, si llegara a ser necesario, escalar y acudir a los tribunales.

“Nosotros vamos a seguir enfocados en seguir llevando este mensaje. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer por el bien del pueblo, del consumidor, de nosotros como asociación y de la industria, para que este negocio sea un negocio claro, transparente, seguro. Pero esto ahora mismo, esta ley, no está llevando esta línea. Ahora mismo hay total incertidumbre en ese proceso”, aseguró.