El Colegio de Trabajadores Sociales  se opone a un proyecto de ley presentado la semana pasada que pretende establecer nuevas regulaciones para esa profesión.

La organización entiende que la medida tiene serias deficiencias en las clasificaciones y requisitos nuevos.

Por eso, convocaron una asamblea extraordinaria el 26 de mayo  en la Universidad del Sagrado Corazón.

Durante esa reunión buscan organizarse para trabajar en conjunto y evitar que la medida –presentada por petición de la Junta Examinadora de Trabajadores Sociales y bajo la firma de la senadora penepé Margarita Nolasco–  se apruebe durante esta sesión ordinaria de la Legislatura.

Miguel Morales, primer vicepresidente del Colegio, dijo que como está redactado el proyecto, exige pasar una reválida que ahora no es requisito.

Para obtener una licencia permanente o ascender en la escalas de categorías, se imponen nuevos costos y más preparación académica.

“Y todos sabemos que los trabajadores sociales no tenemos los salarios que desearíamos tener y se haría más complicado cumplir con esos requisitos”, aseguró Morales en entrevista.

Según dijo el primer vicepresidente, la medida falla además en que no toma en cuenta la experiencia acumulada en áreas de especialidad, como forense.

El proyecto les quitaría, asimismo, la facultad a los trabajadores sociales de ir a los tribunales a defender sus casos, a menos que tengan una maestría.

Se exige también que los estudios sean de universidades acreditadas por el Council  on Social Work Education, a pesar de que la mayoría de las instituciones en Puerto Rico sólo tienen la aprobación del Consejo de Educación Superior.

“La ley actual es del 1940, y claro que tiene espacio para mejorar. Y este proyecto se puede ver como que busca que estemos mejor preparados, pero lo hace estableciendo unas nuevas pautas que entendemos debieron ser mejor pensadas. Tenemos resistencia a apoyar el mismo, porque entendemos que va a afectar al trabajador social que lleva muchos años de experiencia y que no se le reconocería”, afirmó Morales.

El P. del S. 2627 también aumenta las compensaciones que tendrían los miembros de  la Junta Examinadora y crearía un Comité de Ética, a pesar de que ya existe uno dentro del Colegio de Trabajadores Sociales.

Actualmente hay 7,000 trabajadores sociales en la Isla.