UTUADO. Departamento de Salud (DS) continúa al ataque.

Ya asciende a 19 el número de casos de ancianos de los municipios de Utuado y Lares que han recurrido al tribunal para que se les devuelvan los servicios de cubierta de la tarjeta de salud del Gobierno que les fueron quitados hace un año bajo el argumento de que son propietarios de valiosas fincas en ambos pueblos.

“Mi esposo está bien malito, es paciente de diálisis y eso es de cada rato que él está en el hospital”, narró sollozando a Primera Hora Adivina Villafañe. La mujer perdió los beneficios de la Reforma hace un año cuando el Departamento de Salud alegó que su finca de tres cuerdas tiene un valor de más de $68,000. “A él le amputaron una pierna, tiene una úlcera en otro sitio y yo no sé qué hacer... yo tengo depresión con tanto problema”, agregó la utuadeña.

Doña Adivina y su esposo Salvador Vélez cubren parte de sus servicios con el Medicare, pero necesitan el plan del Gobierno para cubrir el balance de esos gastos médicos.

De igual forma, don Felipe Guzmán, quien tiene múltiples condiciones de salud, y su esposa Concepción, paciente de Alzheimer, quedaron descubiertos por ser propietarios de una finca en Utuado, que ya no produce.

El juez Víctor de Jesús Cubano ordenó hoy que se les devuelva la tarjeta a los cuatro ciudadanos luego que los abogados José Quiñones y Marielle Ramírez, de Servicios Legales de Puerto Rico, presentaron interdictos para que se paralice la orden del Departamento de Salud.

Servicios Legales sostiene que estos ancianos no pueden pagar un plan privado para recibir servicios médicos y que la salud de los cuatro se ha deteriorado a consecuencia de la cancelación del plan de la Reforma. Asimismo advirtió que la cotización que se ha hecho de las fincas no es real.

El Departamento de Salud tiene una cotización estándar de $10 el metro para fincas baldías en cualquier área de Puerto Rico. Esta cotización es parte de un reglamento que se estableció para evitar el fraude entre los beneficiados de la Reforma.