El Frente en contra de las políticas de Trump, compuesto por múltiples organizaciones sociales, comunitarias, religiosas, profesionales y defensoras de derechos humanos, repudió las políticas y operativos anti-inmigrantes del gobierno federal que cobraron la vida de al menos dos personas en Puerto Rico.

En un comunicado de prensa, las organizaciones catalogaron la ofensiva antiinmigrante de la actual administración como parte de una campaña racista y xenofóbica de la administración Trump, articuladas bajo una narrativa de criminalización de los inmigrantes. El grupo también hizo un llamado al pueblo a solidarizarse con los inmigrantes que forman parte de nuestra sociedad.

En específico se refirieron al caso de Antonio Báez Ortega, un obrero dominicano que cayó desde una altura de 30 pies durante un operativo del ICE realizado en su lugar de trabajo en Toa Baja el mes pasado. Báez Ortega falleció el cuatro de mayo, tras permanecer varias semanas hospitalizado en condición grave.

La semana pasada se arrestaron cincuenta y tres (53) trabajadores de la construcción, incluyendo 7 mujeres, en el Hotel La Concha como parte del más reciente operativo anti-inmigrantes.

“Debemos vernos en los ojos y en las historias de las personas inmigrantes que han sido y seguirán siendo parte de nuestro país, Puerto Rico. Enérgicamente rechazamos las narrativas que criminalizan a las personas inmigrantes y la violencia de ICE en nuestros vecindarios. Le pedimos a la sociedad puertorriqueña que se una en solidaridad con cada persona y familia que ha sido impactada por la crueldad y la brutalidad de las políticas del gobierno federal en Puerto Rico”, expresó Hilda Gurrero, de la Comuna Caribe.

Mientras Mari Mari Narváez, de la organización Kilómetro Cero condenó el operativo cuyo desenlace final fue el deceso de Baez Ortega. “Antonio Báez Ortega murió como resultado de la campaña racista y xenofóbica del gobierno federal que aterrorizan y persiguen a nuestros vecinos y amigos. La violencia y las prácticas ilegales de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) mantienen bajo la zozobra a personas inmigrantes en Puerto Rico que viven con temor a que sus derechos humanos sean vulnerados y que se les niegue el derecho al debido proceso. Antonio se merecía una vida digna, no morir como resultado de su estatus migratorio.”, expresó la activista en declaraciones escritas.

La portavoz del Frente detalló que por más de un mes, Antonio permaneció en coma a raíz de las severas heridas que recibió el 28 de marzo de 2025, luego de caer de una altura de 30 pies en su lugar de trabajo en Toa Baja. También cuestionaron el silencio del gobierno local ante el escenario.

“Nos impacta y preocupa el silencio y la ausencia de protecciones de parte del gobierno estatal y la falta de rendición de cuentas de las autoridades federales. La muerte de Antonio Báez no es un hecho aislado, es el resultado directo de un sistema migratorio profundamente deshumanizante. Aquí no solo ha muerto un padre de familia; ha sido violentado el principio fundamental del respeto a la dignidad humana. Cada vez que una persona muere bajo la custodia o es víctima de un operativo de brazos armados del Estado, sin protecciones, sin las garantías del debido proceso de ley y sin rendición de cuentas, se quiebra el tejido democrático de nuestra sociedad. Basta ya de impunidad. Los derechos humanos no se detienen en la frontera ni dependen del estatus migratorio”, sostuvo Liza Gallardo, de Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico.

De igual manera, exigieron al gobierno de Puerto Rico y a los municipios que defiendan la integridad física y derechos humanos de las personas con estatus migratorio no definido.

“El gobierno local tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de todas las personas que residen en Puerto Rico, sean migrantes o no. Denunciamos la complicidad del gobierno local y las iniciativas legislativas que buscan convertir a nuestro cuerpo de seguridad en una rama más del gobierno federal, y en particular de la agencia de inmigración. Estos tampoco son hechos aislados, la relación colonial con Estados Unidos permite la imposición de leyes federales y de operativos inmorales como los que hemos vivido durante las recientes redadas migratorias. Puerto Rico no apoya la separación forzada de familias, la criminalización de las personas migrantes, ni la militarización y violencia del gobierno federal en nuestro país. Exigimos respeto a nuestras comunidades migrantes, y que se realice una investigación pronta y eficaz, con adjudicación de responsabilidades, sobre los hechos que dieron paso a la muerte de Antonio Baez Ortega”, manifestó la directora ejecutiva de la ACLU, Capitulo de Puerto Rico, Annette Martínez.

El Frente está compuesto por la American Civil Liberties Union de Puerto Rico (ACLU), Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el Comité Dominicano de Derechos Humanos de Puerto Rico, el Comité Pro-Derechos Humanos de Puerto Rico, la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico y Comuna Caribe, entre otras.