La Unión General de Trabajadores (UGT) anticipó esta noche que no descarta acudir al Tribunal Supremo para solicitar formalmente una revisión de la ley que reformó el sistema de retiro de la mayoría de los empleados públicos.

Esa ley fue aprobada en 2013, a pesar de una fuerte oposición de líderes obreros que representan a miles de empleados públicos, cuyo sistema de pensiones fue modificado debido a un déficit actuarial millonario.

 El anuncio hecho por la UGT se produjo poco después que el Tribunal Supremo acogió reclamos del magisterio y declaró inconstitucional partes de la Ley 160, aprobada en diciembre de 2013.

 Ese estatuto reformó el Sistema de Retiro para Maestros (SRM), pero el reclamo de los educadores en el alto foro judicial paralizó la puesta en marcha de la ley.

Manuel Perfecto, presidente de la UGT, dijo que han solicitado al abogado constitucionalista Raúl Mari Pesquera que examine la posibilidad de peticionar un recurso de revisión de su caso sobre la Ley 3 de retiro de los empleados del Gobierno, aunque ese máximo foro judicial resolvió inicialmente en su contra.

Según Perfecto, la Ley 160 y la Ley 3, que reformó el sistema de pensiones de empleados estatales que no son maestros, “constituyen igualmente un menoscabo de obligaciones contractuales en violación a la igual protección de las leyes y constituye un acto de incautación sin compensación alguna por parte el Estado, sin resolver la situación deficitaria ni de uno ni del otro sistema de retiro”.

El directivo sindical dijo que la UGT ha hecho el mismo planteamiento que hizo el magisterio en su caso en cuanto a que existen alternativas menos onerosas para los servidores públicos y que permiten atender la situación del Sistema de Retiro del Gobierno, sin alterar y modificar el contrato establecido con sus cotizantes ni lacerar el derecho de pensión que forma parte de las expectativas de ingreso al servicio público.