La decisión de algunos ex jueces del Tribunal Supremo de regresar a los tribunales para litigar casos, aun mientras reciben una pensión equivalente a los sueldos que tenían en el estrado, no es compartida por todos los ex jueces de ese foro quienes han decidido no litigar en los tribunales precisamente por razones éticas.

La diferencia de criterio está recogida en el informe que una comisión especial del Colegio de Abogados sometió a la presidencia de dicha organización en septiembre de 2006 en medio de la controversia por la comparecencia de los ex jueces del Supremo José Andréu García y Baltasar Corrada del Río en los tribunales como abogados.

La controversia se agudizó con la reciente decisión judicial de que el Gobierno tendría que devolver parte del dinero que cobró bajo la ley de aumento a los marbetes, lo que le representa al menos $7 millones en honorarios a Andréu, un ex juez presidente que es abogado de los demandantes, y al resto de los representantes legales del grupo.

Sobre esto, la comisión especial amplió que “el hecho de que una persona haya sido juez o jueza del Tribunal Supremo podría pesar en la consideración que un juez de instancia le pueda dar a las posiciones que aquél o aquélla asuma en un caso en el que postule luego de su retiro del sistema judicial”. “Podría crearse con ello una apariencia de impropiedad que justifique establecer restricciones al ejercicio de la profesión o, al menos, que haga conveniente y oportuna la autolimitación”, añadieron.

El ex juez Carlos J. Irizarry Yunqué indicó a la comisión que “precisamente por mi concepto de la ética profesional” fue que no aceptó las ofertas que le hicieron tras su retiro para que se uniera a bufetes y figurara como abogado en pleitos pendientes.

Por su parte, el ex juez Antonio Negrón García dijo que ha usado su retiro para dedicarse a la cátedra y a asesorar privadamente, pero sin comparecer personalmente o por escrito ante los tribunales, “salvo en circunstancias apremiantes”. El juez basó su decisión de autolimitarse en la necesidad de “no incurrir en conducta real o aparente, que lesione el honor” pero también en la necesidad de que no se siga fomentando “la noción pública equivocada de ventaja indebida”.

Hasta donde se conoce, el informe, que PRIMERA HORA reseñó en exclusiva ayer, es el único documento que cuenta con ponencias sometidas por cinco de los ex jueces, incluyendo a Andréu y Corrada.

El hecho de que unos ex jueces decidan litigar y otros se inhiban de hacerlo por entender que no es ético resalta una de las conclusiones del estudio, que por 22 años el Supremo ha incumplido el mandato de la Ley de Ética para que confeccione las reglas que van a indicar qué es lo que pueden o no pueden hacer profesionalmente los jueces una vez se retiran o abandonan la toga. Tampoco ha actuado sobre las Reglas Modelo de Conducta Profesional que el Colegio le sometió en 2005 y que incluyen limitaciones para los abogados que son ex jueces.