A sus 91 años, Damian Irizarry Ortiz no solo tiene que lidiar con las condiciones de salud inherentes a su edad, sino que, por los pasados años, también ha tenido que enfrentar una molestia exterior.

Su residencia queda contigua a una fábrica de bloques y el área de almacenaje de piedra y arena de una cementera en la carretera PR-116. Según denunció, el polvo fugitivo que se levanta producto del material que allí se maneja se ha convertido en un problema de salud.

“Hace como 15 o 20 años que estoy pasando por esto. Tengo cartas de querella a Calidad Ambiental desde el 2007”, comentó Irizarry Ortiz, quien es comerciante y posee una gasolinera también al lado de su residencia y a pasos de la bloquera. 

El reconocido comerciante aseguró que el viento que proviene del área de la fábrica de bloques trae todo el polvo que allí se genera y lo deposita en su casa.

“A menudo tengo que limpiar el techo de la terraza porque el polvo que viene cae sobre el techo que tengo de plástico y se deposita ahí”, sostuvo el querellante, quien contrató a una persona para que limpie diariamente su residencia debido a la cantidad de polvo que se acumula. 

“Otro problema es que el polvo cae en la carretera y cuando los camiones pasan, la nube de polvo cae sobre la estación de gasolina y sobre mi casa”, agregó.

Irizarry Ortiz sostuvo que la situación le ha causado problemas respiratorios y dolor de garganta constante, al punto de necesitar medicamentos para poder sobrellevar la situación.

De igual forma, aseguró que no es el único vecino que ha tenido que enfrentar este contratiempo.

“La señora que vivía en los altos de la cafetería (contiguo a la bloquera) tenía un niño con impedimentos y tuvo que irse de allí porque no podía más”, subrayó.

OPERABA SIN PERMISOS

La situación provocó que la Comisión senatorial de Salud Ambiental y Recursos Naturales, que preside el senador Carlos Rodríguez Mateo, realizara una vista ocular en el lugar para atender el reclamo del comerciante y conocer si se han tomado las medidas correctivas.

A la visita asistieron Jarold González, director regional de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y el representante legal del querellante, el licenciado Pedro Roldós, quienes junto al senador Rodríguez Mateo realizaron un recorrido por las instalaciones de la bloquera y se reunieron con su administrador, Víctor López. La empresa es una corporación a nombre de sus tres hijas, que él administra.

De la audiencia se desprendió que, hasta hace apenas tres meses, el local operaba sin los permisos correspondientes. Y, aunque su propietario aseguró que ya fueron actualizados, la Junta de Calidad Ambiental indicó que todavía no se han certificado todas las autorizaciones pertientes.

“Hace unos meses vino la Junta de Calidad Ambiental y me mencionó de una queja de un vecino. A la misma vez, me requirió los permisos y había algunos vencidos. Pero conseguí un ingeniero que me reactivó algunos permisos”, aceptó López, quien indicó que el problema de polvo fugitivo no es debido a la fábrica de bloques, que ubica en la parte posterior de su propiedad, sino que responde al almacenamiento de la piedra que se utiliza en la cementera, que también es propiedad de una de sus hijas y que opera al lado de la bloquera.

Como parte de las medidas para remediar el problema, López indicó que se colocaron rociadores en el área donde se coloca la piedra para minimizar el levantamiento de polvo, lo que, según indicó, fue aprobado por el ingeniero que inspeccionó sus mejoras.

Sin embargo, el director regional de la JCA dejó entrever que todavía no se han renovado totalmente los permisos, pero no especificó por qué la fábrica continúa operando sin la debida autorización.

“La agencia ha visitado la instalación en tres ocasiones. Se han hecho los señalamientos correspondientes y están en trámites de completar las renovaciones correspondientes de los permisos”, indicó el representante de la JCA.

“En la última inspección se encontró el problema del polvo fugitivo, pero con las medidas que están tomando, debemos volver a visitar el lugar para conocer cómo están funcionando”, apuntó González.

UN PROBLEMA MAYOR

Las partes acordaron considerar otras medidas en busca de una solución al problema, como la colocación de toldos que cubran la piedra y minimicen el levantamiento de polvo, así como auscultar la posibilidad de buscar otro lugar dónde almacenar los materiales de construcción. 

Sin embargo, para el senador Rodríguez Mateo, la situación podría ser solo un ejemplo de muchas prácticas indebidas que ponen en peligro la salud de las personas.

“Lo importante de estas vistas es, no solo remediar esta situación local, sino ver cómo se establece política pública. Tenemos que preguntarnos en términos de permisología, cómo se pueden operar industrias en Puerto Rico que la ley les requiere ciertos permisos y qué han hecho las agencias para que esos permisos se venzan y sigan operando”, sostuvo el senador novoprogresista, quien indicó que en su comisión se han recibido querellas de mal manejo de desperdicios, contaminación de cuerpos de agua y otras prácticas que afectan la calidad ambiental en la Isla y que, al parecer, no son atendidas por las agencias pertinentes.

“Lo que nos trae a la mente es cuántas situaciones como estas se están dando en Puerto Rico porque no se está atendiendo adecuadamente el problema de permisos”, sentenció.