Por:  Marcos Santana-Andújar, presidente de la Red Por los Derechos de la Niñez y la Juventud de P.R.

La desgarradora noticia sobre la menor de 13 años que se encuentra en estado crítico luego de ser víctima de un acto de violencia por parte de su ex pareja de 19 años ha conmovido al país. Es muy doloroso tan siquiera imaginar la escena donde el abusador arroja acelerante y la enciente en fuego. Con mucha rapidez en las redes sociales se reacciona con más violencia sobre el agresor, esta violencia es también parte del problema y no aporta a la solución.

Definitivamente quienes ejercen violencia sobre la niñez, las mujeres o cualquier persona deben responsabilizarse por el acto perpetrado. Sin embargo, no debemos olvidar que este evento violento y otros similares son solo síntomas de dos graves enfermedades que sufrimos como país: la pobreza y la desigualdad. La letalidad de estas se evidencia en incontables investigaciones locales e internacionales. El primer paso para curarlas es reconocerles y realizar acciones multinivel que realmente atiendan sus causas y no los síntomas. ¡Las medidas punitivas NO resuelve las causas!

El tiempo de las medidas punitivas debe acabar. Existe basta evidencia que las medidas punitivas no han probado ser efectivas; por el contrario, la educación con perspectiva de género y la inversión en proyectos de prevención evidenciados producen resultados positivos. Entonces si la evidencia sobre lo que funciona es contundente; ¿por qué continuamos haciendo lo mismo? Apremia articular iniciativas a nivel regional y nacional que permitan alinear todos los recursos posibles en acompañar la niñez, las mujeres y familias con procesos que les faciliten acceso a oportunidades. Hay que actuar con sentido de urgencia porque amigos y amigas esto no se trata de hashtags, ni lazitos, ni "Todos somos" ni nada de eso. No vayamos a confundirnos. ¡Se nos va la vida!

Es por lo anterior que desde la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de P.R.  actuamos con diferentes estrategias para hacer frente a la violencia y la desigualdad, algunos ejemplos de esto fueron, la publicación de la guía de recomendaciones para proteger la niñez y la primera mesa de actores claves para el cambio de noviembre del 2018, mesa enmarcada en la aprobación de la nueva ley federal “Family First Prevention Services Act”. Esta legislación es la transformación más grande que sufre los sistemas de protección y bienestar infantil de los estados y territorios en 40 años. La misma pone énfasis en los servicios de prevención para fortalecer las familias, la intervención temprana y las prácticas basadas en la evidencia. Esta ley coloca al alcance de nuestras manos la oportunidad de repensar las políticas públicas, prácticas y servicios de apoyo a las familias. Además, nos permite llevar a cabo una transformación utilizando un enfoque de atención con un acercamiento informado sobre el trauma que la niñez y familias sufren. Esto viabiliza un profundo cambio cultural, en el cual las familias y sus condiciones y conductas son interpretadas y atendidas de manera diferentes.

Es imperativo provocar nuevas acciones colectivas que respondan de modo más eficaz y eficiente a las necesidades y a la nueva realidad de nuestra niñez, mujeres, familias y comunidades. El sistema y sus instituciones anquilosadas siguen fallando a nuestra niñez, juventud, mujeres y familias, esas fallas nos están deprimiendo, enfermando y matando poco a poco los sueños y la vida de la niñez, las mujeres y las familias. Los gobiernos, organizaciones comunitarias, universidades y grupos especializados en el tema tenemos ante nosotros la responsabilidad impostergable de transformar juntos las respuestas que hemos estado ofreciendo desde el sistema de bienestar infantil local y programas de servicios a las familias.