Me resulta muy difícil de digerir la información que recientemente ha salido a la luz pública, sobre investigaciones que fueron expresamente detenidas en el Departamento de Justicia. Que los funcionarios, que juraron trabajar por la más sana administración de la justicia, hayan no solo puesto a un lado los principios de integridad requeridos, sino que a propósito hayan violado la ley, es información perturbadora.

Yo soy de las personas que prefiere esperar lo mejor de las personas. Quiero pensar que alguna mala interpretación ha proyectado una percepción incorrecta sobre el proceder de alguien que probablemente tenga una buena explicación que ofrecer. Además, como periodista sé que todas las historias tienen más de un lado. Pero en esta ocasión, y en medio de uno de los peores escándalos en mucho tiempo para el Departamento de Justicia, han pasado ya siete días y no he escuchado, ni leído sobre la explicación que hayan podido ofrecer las personas señaladas como responsables de haber ordenado la paralización de investigaciones de alto perfil público. Así que esto no pinta bien.

El señalamiento se ha lanzado en particular contra la exjefa de los fiscales Olga Castellón y la propia exsecretaria de Justicia y exgobernadora Wanda Vázquez, a quienes acusan de obstaculizar investigaciones y privar de recursos a la fiscal a cargo del caso, hasta finalmente ordenar que se detuvieran las pesquisas. Y no son investigaciones de rutina, sino casos que tenían atención mediática, incluso internacional, pues el asesinato del trapero Kevin Fret, justo en medio de alegaciones de extorsión al artista urbano Ozuna, resonó aquí y en el exterior.

Ahora bien, este próximo enero se cumplen cuatro años de este crimen. Si en efecto hubo una orden del más alto nivel, en abril de 2019 para no investigar este asesinato, ¿por qué esto no se denunció antes? ¿Por qué el actual secretario, Domingo Emanuelli, se acaba de enterar, si lleva ya casi dos años en el cargo y hace ya mucho que Wanda Vázquez no es gobernadora ni Castellón es jefa de los fiscales? ¿Por qué no hubo una querella sobre el proceder supuestamente irregular o ilícito de las funcionarias? Ahora se han perdido dos preciosos años en los que se pudo haber retomado la pesquisa. En su lugar, con mucha dificultad se reinicia el proceso “desde cero”, dijo el Comisionado Auxiliar de Investigaciones Criminales.

Entonces, bendito sea Dios, qué esperanza le queda al ciudadano de a pie, en esta isla en la que el crimen es cosa de todos los días. Si el esclarecimiento de los delitos, pero en particular los asesinatos, es tan mínimo, que los sicarios ya ni se ocultan en la oscuridad de la noche y a plena luz del día cometen sus fechorías. Tal es la certeza de que no serán atrapados. Por eso, aunque disminuyen las estadísticas de asesinatos, como esta ocurriendo este año, la sensación de inseguridad no disminuye de la misma manera.

Y sí, estoy consciente de lo difícil que es realizar una investigación, que produzca evidencia robusta que sea suficiente para que los casos prosperen en el tribunal. También sé que conseguir testigos que aporten información es realmente una misión. Pero si ahora resulta que el Departamento de Justicia obstaculiza y detiene investigaciones sin explicación, ¿cómo le vamos a pedir cooperación a los ciudadanos?

La historia nos recuerda que no es la primera vez que un escándalo de esta magnitud rodea a nuestro Departamento de Justicia. Es necesario y urgente que el actual secretario Emanuelli, investigue esto lo antes posible y adjudique responsabilidades según corresponda. Se lo deben a los familiares de las víctimas. Se lo deben aún a los posibles sospechosos, que si es que no tuvieron algo que ver, cargarán por siempre con la sombra de este asesinato. Mas aún, se lo deben al País que necesita y merece poder confiar en su sistema de Justicia.