La corrupción en Puerto Rico parece una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa y sin tratamiento. Es como el COVID. El planeta lleva una lucha de más de dos años contra el COVID-19. Pero toda la investigación que se ha realizado en el mundo, la elaboración en tiempo récord de una vacuna y el esfuerzo de, prácticamente, todas las farmacéuticas del mundo, no ha logrado acabar con el virus. Cada tres meses una mutación, cepa, variante o subvariante nos sorprende y pone en jaque la estabilidad económica y social del país. El asunto es que no parece haber una forma de deshacernos del COVID.

Exactamente igual nos pasa con la corrupción. Parece un germen imposible de erradicar y aun cuando se les pone trabas, los funcionarios y contratistas siempre encuentran la forma de mutar y evolucionar para aprovecharse de los bienes públicos.

A través de los años, hemos sido testigos de escandalosos actos de corrupción, en los que se desvió dinero público al bolsillo de algún funcionario, o a las arcas de algún partido político o de alguna campaña. Hablamos de contratos arreglados, subastas burladas, favores políticos, el famoso “quid pro quo” que no es otra cosa que “tú me das y yo te doy”.

Con cada escándalo, nos quedamos esperando que el arresto y luego la prisión desalentaría la mala costumbre, pero… ¡qué va!, nada detiene la corrupción. Cada vez que hay una ola de arrestos, como esta en la que han caído ya cinco alcaldes en seis meses, a alguien se le ocurre aprobar una nueva ley o reglamento para combatir la corrupción. Así, a través de los años, se ha hecho más estricto el proceso de subasta, se exige a los candidatos informes de ética y estados financieros.

A los funcionarios se les exige tomar unas “clases” en la Oficina del Contralor y hay hasta un código anticorrupción. Pero nada ha sido efectivo y, tal y como ocurre con el COVID y sus variantes, la estrategia para robar dinero público cambia, se adapta y encuentra formas creativas de burlar las medidas anticorrupción.

Se ha tratado de limitar el recaudo en las campañas políticas. Incluso, se creó un fondo electoral para quitarle a los candidatos la tentación de comprometerse a pagar con contratos o puestos, los donativos de campaña. Así que la mayor parte de los gastos de campaña de los partidos políticos los pagamos usted y yo, con nuestras contribuciones, pero eso tampoco ha sido suficiente.

Así, funcionarios, senadores y representantes; alcaldes, contratistas y donantes, han ido desfilando por el paseo de la vergüenza del edificio federal, sin que aparezca el antídoto o la vacuna que les inmunice. Los más recientes en esta saga de corrupción -de esta era covidiana- son los alcaldes, algunos con apenas poco más de un año en el puesto. “Llegó a robar”, dicen algunos ciudadanos decepcionados. Los más conocedores del tema aseveran con firmeza, “¡Y los que faltan!”.

¿Se atreverán los alcaldes a volver a pedir más poderes y recursos?, porque ellos pueden administrar mejor la cosa pública y conocen mejor las necesidades de las comunidades, porque están más cerca de los ciudadanos... etc., etc., etc. Creo que esos conceptos habrá que reevaluarlos.

Pero en cuanto a nosotros, los contribuyentes, víctimas de la corrupción pública, la indignación y el coraje que sentimos todos y todas, tenemos que canalizarla hacia las urnas, porque ya sabemos que esto no tiene remedio, pues mientras el covid -por lo menos- lo controlamos con medidas de higiene, no hay mascarilla que le imponga decencia a quien no la tiene.