He perdido la cuenta de las veces que se ha propuesto una “reforma contributiva” en Puerto Rico. En todas y cada una de ellas, el gobernador de turno presentó algunos cambios con la promesa de que se reduciría la carga contributiva, que el sistema sería más ágil y más justo. Prometieron una mejor distribución de la carga y que sería más simple. La pregunta es, si con cada uno de estos cambios nuestra situación ha mejorado. Si se cumplieron los objetivos. Creo que la respuesta es que no.

En los años 2000, bajo la gobernación de Sila Calderón, hubo estudios y se presentó un informe que proponía una reforma contributiva. La asamblea legislativa era dominada por el Partido Popular, así que aprobarla no debía ser muy difícil, pero eso no ocurrió. Ya se evaluaba el “sales tax”, el impuesto a la venta y la sustitución -por lo menos en parte- del sistema de contribuciones sobre ingresos. Lo primero ocurrió un poco más tarde, lo segundo, nunca.

El próximo intento fue el que terminó con el “IVU”, el impuesto sobre ventas y uso, nuestra versión criolla de “sales tax”. La guerra en la Asamblea Legislativa por esa legislación es tema para un libro. Se aprobó el 7.5% a toda venta de bienes y servicios. Ya algunos municipios tenían su propio IVU, recordarán que en Caguas era “el chavito”. Y tal vez recuerdan el “shock” que era aquel cobro adicional en cuanta cosa uno compraba.

En ese momento añadieron el IVU, pero no bajaron las contribuciones, así que salimos perdiendo. Pero y qué pasó con todo ese dinero adicional, ¿se salvó el país de la quiebra? Claramente, no.

Al próximo cuatrienio hubo un pequeño alivio en las tasas contributivas. El gobernador Luis Fortuño con su Asamblea Legislativa -que era también del PNP- aprobaron unos cambios. Tampoco fue una reforma y no evitó la quiebra del país.

En el próximo cuatrienio, el gobernador Alejandro García Padilla y su legislatura con la deuda “impagable”, aprobó un aumento en el IVU. Once por ciento, otro golpetazo al bolsillo. No hubo reducción de contribuciones y tampoco nos salvó de la quiebra.

El pasado cuatrienio no se puede contar, pues entre el huracán María (2017), el verano del 19 y la pandemia, bueno, pues ya ustedes saben.

Pero si algo hay que resaltar, es que la digitalización de los procesos, a cargo del secretario de Hacienda, Francisco Parés, por primera vez cambió la forma en que se atiende el sistema contributivo. La eficiencia prometida por décadas por lo menos llegó al siglo 21. Ahora bien, la carga contributiva para los mortales sigue igual.

El gobernador Pierluisi ahora propone cambios al sistema contributivo. La idea todavía no está plasmada en un proyecto de ley, pero ciertamente no es una reforma contributiva. Los cambios son solo para las contribuciones sobre ingresos. Son cambios beneficiosos para todos los sectores y, en especial, para la clase media.

Ojo, la media más acomodada, porque hay muchos en el renglón más bajo que son considerados clase media y que, realmente, viven muy apretados… y van a seguir así. Pero vamos, esto realmente no es una reforma… es una modificación en las tasas contributivas de individuos y corporaciones. ¿Es necesario?, sí. ¿Qué hace falta más?, sí.

No se ha mirado el sistema de arbitrios, la crudita, el impuesto sobre la propiedad, el impuesto al inventario. Todos son impuestos altos en comparación con otras jurisdicciones. Así que, en esta isla, a juzgar por el contenido del anuncio del gobernador, los cambios se quedan cortos en el impacto a nuestro diario vivir.

Cada vez que anuncian una reforma, hemos salido peor. Las pugnas políticas no permiten una discusión pública de altura y desprendida. Esperemos que, en esta ocasión, por lo menos se encamine el paso hacia una distribución equitativa de la carga económica, para detener la emigración, para que recuperemos la clase médica, para que nuestros ancianos puedan vivir de su retiro. Por lo menos eso, para empezar.