Hace unos días, cuando se supo del horrendo caso en Coamo, en el que una mujer fue agredida hasta dejarla casi moribunda, parcialmente quemada y su bebé malherida y abandonada, sentí coraje. Me ocurre cada vez que una mujer muere en un incidente de violencia de género. La semana anterior fue en Utuado. Me da mucho coraje, frustración y me pregunto por qué no logramos siquiera disminuir la incidencia más de 30 años después de la aprobación de la Ley de Violencia Doméstica.

Una de las medidas aprobada hace unos años, muy acertada a mi entender, es la creación del Registro de Violencia Doméstica.

Este registro, bajo el Departamento de Justicia, recoge los nombres de los convictos por actos cometidos bajo la Ley 54. La intención es que las personas puedan encontrar información sobre aquellos agresores o agresoras, para que puedan evitar involucrarse en una relación que puede terminar en violencia y tal vez en la muerte. Si por ejemplo una mujer entra en una relación con una persona de la que sabe poco o nada, se supone que pueda verificar ahí si tiene un historial de violencia doméstica, antes de que sea demasiado tarde.

En el caso de Coamo, el sujeto imputado, Luis A. García de Jesús, tenía ya una acusación previa por violencia doméstica del año 2018. Tenía apenas 22 años, pero ahora a los 26 repitió la historia. No sé cómo terminó el caso por el que fue fichado en el 2018, pero la realidad es que, probablemente, no lo encontraríamos en el Registro de Violencia Doméstica, porque buscar ahí es casi imposible.

El mismo aparece en línea bajo registroviolenciadomestica.pr.gov. Para hacer la búsqueda hay que escribir el nombre de la persona, la región donde vive y el delito cometido. En el renglón de delito, te ofrece una lista de opciones tales como: artículo 3.2 grave o artículo 3.2 tercer grado. ¿Y eso que significa para un ciudadano común? Nada. Para encontrar a un convicto en el registro, tiene que saber exactamente dónde vive y cuál fue el delito con gran detalle y en jerga legal, el artículo y la modalidad. Me parece insólito.

Según la estadística general que se puede encontrar en esa misma página, 908 convictos por violencia doméstica están registrados, pero es imposible encontrar los nombres a no ser que la búsqueda se haga con todos los detalles. Contrario al registro de ofensores sexuales, donde aparecen todos y con foto, entonces se puede ir refinando la búsqueda; el de violencia doméstica es un misterio casi indescifrable.

El pasado viernes el Departamento de Justicia anunció que trabaja en cambios sobre la recopilación de las estadísticas, pues algunos casos, como es ahora el de García de Jesús, aunque claramente es un caso de violencia doméstica, no está acusado bajo la Ley 54. La denuncia fue por delitos bajo el código penal y no bajo la ley especial de Violencia Doméstica. Así que, si resultara culpable por estos delitos, no va a estar en el registro y cuando llegue a la libre comunidad, se repetirá la historia.

Nuevamente, hay que llamar la atención sobre la ejecución de la política pública y de las leyes. No hacen falta más leyes, sino que se pongan en vigor de manera adecuada las que ya existen. Otro detalle importante es la divulgación. Que se informe públicamente a los ciudadanos sobre los recursos que tienen a su disposición, pues para colmo casi nadie sabe de la existencia del inútil registro.

Si nadie sabe que tiene esas herramientas disponibles, es como si no existieran. Y si no funciona como se supone, también es como si no existiera. Aunque creada con la mejor intención, es letra muerta la Ley 59 de 2017 para crear el Registro de Violencia Doméstica.