Hay temas que son recurrentes en legislación.  La impericia médica, en un momento dado la sodomía, los perros de raza Pitbull y el asunto de tener un registro o prohibir la venta de esos perros en la isla, son solo algunos de esos temas que se discuten con mucha frecuencia en la legislatura.  Algunas ideas se convierten en ley y otras se quedan sobre el tintero o se engavetan.  Todo depende del esfuerzo con que se lleven, de la voluntad política, del momento en que se discutan y la madurez de la población para aceptar las ideas propuestas por la legislatura.

He visto legislaciones buenas que duran doce años en ser aprobadas debido a que la población no estaba preparada para ella, por mencionar dos, la Ley de Testamentos Vitales y la enmienda a la Código Penal en lo relacionado con el artículo de sodomía.   La primera fue aprobada en 2001 (Ley 160 de 17 de noviembre) después de haber sido radicada por más de una década sin que pasara nada y la segunda fue aprobada con el Código Penal de 2003 después que el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo declarara inconstitucional.

Igualmente he visto leyes malas que son pasadas por la Asamblea Legislativa sin discusión, en cuartos oscuros y en tiempo récord.  Son muchas así que no me aventuraré a mencionar, en ánimo de no pecar al dejar alguna.  No puedo aguantar.  Los atornillados a diez años en Ética Gubernamental, el Procurador del Ciudadano y todos los demás procuradores, el del Paciente, el de Veterano, el Procurador de Procuradores, recientemente creado, son ejemplo de mala legislación.

Uno de los temas que se han ventilado en la Legislatura por más de treinta años es el asunto de las leyes de cabotaje.  Inicialmente fue una idea traída por los legisladores del PIP (ojo, con esto no quiero decir que sea una buena idea, ya que en el pasado ellos propusieron el legislador a tiempo completo y miren como nos ha ido) quienes insistentemente radicaban cada cuatrienio un proyecto para solicitar la derogación de tal legislación federal.  No fue hasta el 1995, a través de la Resolución Concurrente Núm. 35, que por primera vez los tres partidos se unieron para solicitarle al Congreso de los Estados Unidos que derogara la aplicación de las leyes de cabotaje en Puerto Rico.  El Congreso ni por enterado se dió.

Posterior a la Resolución Concurrente Núm. 35, hubo otra radicada en 2001, esta vez la Resolución Concurrente Núm. 436 en la que se pidió un análisis del impacto de las leyes de cabotaje en el Puerto de las Américas a establecerse en el sur de Puerto Rico.  Este análisis fue realizado por la Comisión de Asuntos Federales de la Cámara de Representantes bajo la presidencia del ex representante Héctor Ferrer y es a mi juicio el documento público más completo en cuanto a análisis de este asunto.  Ambas resoluciones con sus respectivos análisis las pueden conseguir en la página de la Oficina de Servicios Legislativos.

Para el que no tenga conocimiento de lo que estoy hablando, la legislación de cabotaje de los Estados Unidos obliga a todo aquél que quiera comprar o vender productos en Estados Unidos a usar barcos construidos y registrados en los Estados Unidos.  Puerto Rico está obligado a cumplir con esta obligación federal desde el 1900 a través de la Ley Foraker.

Quienes argumentan a favor de la derogación de la aplicación de las leyes de cabotaje para Puerto Rico, dicen que esa marina mercante es la más cara del mundo y que, por ser la más cara, los costos de transporte son añadidos al precio de los bienes.  Como consecuencia de esto, todos terminamos pagando los productos más caros.  Hay un estudio en el cual se concluyó que si utilizamos otra marina mercante nos ahorraríamos 20% en los bienes que importamos.  Otro estudio realizado en 2001 estimó el impacto de esa legislación en unos $426 millones anuales.  

La semana pasada el candidato a comisionado residente por el PPD, Rafaél Cox Alomar, se comprometió a presentar legislación a nivel federal para eliminar la aplicación en Puerto Rico de la Ley de cabotaje federal.  Según el candidato, nos ahorraríamos entre $600 y $1,000 millones.  En arroz y habichuelas, según documentos provistos por Cox Alomar, usted gasta un total de $290 en la compra total de alimentos bajo la actual ley de cabotaje.  Con la eliminación de esta legislación usted podría  ahorrar $43.5 en esa misma compra.

Por su parte, el actual comisionado residente, Pedro Pierluisi, está en espera de un estudio de la Oficina General de Contabilidad federal (GAO) sobre el impacto de la ley en la economía boricua para decidir qué acciones tomará. 

A pesar de que concurro con la idea de eliminar esta legislación, auguro un camino empinado aunque no imposible.  Como dije al inicio, hay algunas ideas que toman tiempo en ser aceptadas.  No sé si le llegó la hora a esta legislación.  Lo que sí sé es que los que se oponen a la derogación de las leyes de cabotaje son compañías muy poderosas quienes a la menor provocación levantan el argumento de la seguridad nacional y la pérdida de empleos en esa nación.  La unión del pueblo puertorriqueño será vital si queremos prevalecer.  Ya lo hicimos con la marina de guerra norteamericana en Vieques.  

Yo, como soy planificador y he cabildeado proyectos, llevaría un plan B.  En caso de que no se apruebe la exclusión de Puerto Rico en las leyes de cabotaje, propondría que nos compensen por comprar los productos caros a causa de esta legislación.  Con esta propuesta se tendría que estimar anualmente cuánto más gastamos en este asunto de la marina mercante para que el tesoro de Estados Unidos le devuelva al Departamento de Hacienda el exceso pagado por las importaciones y que, a su vez, Hacienda remita un cheque anual a cada familia puertorriqueña por financiar a la marina mercante norteamericana.

De esta manera se derrotan los asuntos de pérdida de empleos y de seguridad que ellos levantan y nosotros recibiríamos una compensación por estar obligados a utilizar la marina mercante más cara del mundo.