En febrero de este año escribí sobre las estadísticas recopiladas por la Policía de Puerto Rico y el toallazo que el Secretario de Justicia, Guillermo Somoza, le tiró a los policías corruptos que traqueteaban con los datos para aparentar una baja en los delitos.  Según el Secretario, no hay un delito tipificado en el Código Penal contra esa mala práctica.  

Ya escribí que a mi entender eso no es correcto.  Pienso que se les puede acusar por violaciones al Artículo 260 de ese código.  Lo que me sorprende a estas alturas del juego, es que no les hayan preguntado a las personas que redactaron el Código si en efecto el Secretario de Justicia tiene razón o no.  Me refiero a la profesora Dora Nevárez Muñiz, al ex senador Eudaldo Báez Galib o al representante Charlie Hernández.  Los tres trabajaron en el Código Penal y son las personas que más conocen sobre ese código.

Habiendo dicho eso, paso a presentarles varias propuestas para eliminar de una vez la manipulación de los datos en la Policía.  Primero, recurrir al Instituto de Estadísticas para que dicho instituto sea quien prepare y certifique a los policías en el asunto de la recolección del dato.  Segundo, que las personas encargadas de procesar los datos recopilados por la Policía tengan la preparación adecuada ya sea en estadísticas, economía u áreas relacionadas.  Tercero, que la persona encargada de las estadísticas responda al Instituto de Estadísticas y no al Departamento de la Policía.  Cuarto, establecer delitos en el Código Penal para los que usurpen o entorpezcan las funciones del estadístico.

Debemos buscar la profesionalización de las personas que trabajen con los datos.  Obviamente cuando pienso en el dato hablo desde el momento en que éstos se recopilan hasta que se tabulen e interpreten.  Pienso que el Instituto de Estadísticas, por ser un ente autónomo, es el que debe responsabilizarse por ofrecer sus servicios y pericia a la Policía y otras agencias que así lo ameriten.  

Ahora bien, de nada vale que se profesionalice el personal que bregará con el dato si no se establecen responsabilidades para quienes incumplan o entorpezcan su función.  Ahí la importancia de tipificar como delito usurpar el trabajo del estadístico y el recopilador del dato.

Con estas cuatro propuestas podrían comenzar.