En los pasados días nos hemos enterado de que tres de las cuatro compañías privadas que transportan todo lo que consumimos en Puerto Rico se unieron para fijar tarifas y de paso estafar a todo el pueblo puertorriqueño quienes estuvimos y continuamos estando a la merced de estos buscones. 

Para quienes no se hayan enterado, Sea Star Lines, Horizon Lines y Crowley Lines pagaron multas de poco más de $68 millones por ponerse de acuerdo y fijar precios durante el periodo de 2002 al 2008.  En cualquier país esto hubiese sido un escándalo de mayores proporciones.  Aquí ha pasado con ficha y el gobierno, los profesionales de la economía y del derecho no se han dado por enterados.  El Departamento de Justicia, que es el que debería estar de lleno en este pleito federal, solo se ha limitado a decir que están estudiando el asunto a través de su Oficina de Asuntos Monopolísticos.  Por su trayectoria sabemos que no ocurrirá nada con esa investigación.

Por qué fijar precios es malo, se preguntará usted.  Si no lo sabe sepa que en el capitalismo cuando hay pocos competidores y éstos se unen para fijar precios es ilegal y es penalizado.  Esta práctica se conoce como un cartel. La palabra proviene del Alemán Kartell, del Frances cartel, del Italiano cartello y del Latín carta.  Originalmente se utilizó para referirse a la coalición del Partido Conservador y el Partido Liberal en Alemania en 1887.  A principios del Siglo 20 se utilizó para  representar los acuerdos de intercambios comerciales.

El más famoso, del cual casi todos se acuerdan cuando se menciona esta palabra, es el cartel de Medellín.  Este se refiere a la organización de drogas que se formó en la cuidad de Medellín en Colombia.  Pero los carteles no son exclusivos de la droga ya que la fijación de precios se puede dar en muchos otros bienes de consumo.

Los economistas han estudiado el cartel de acido cítrico, el cartel de electrodos de grafito y el de tubos de petróleo y gas, entre otros carteles.  El denominador común entre todos ellos es la fijación de precios para controlar la demanda del producto, el aumento en el precio del bien o servicio controlado a causa de la escases artificial generada entre los que forman el cartel y la restricción a la entrada de competidores para hacer el negocio.

En el caso que nos ocupa, el cartel de los navieros, el aumento en los precios de transporte que se dio entre el 2002 y 2008, unido al aumento en los precios del petróleo, se puede asociar con la inflación que hubo en Puerto Rico en esos siete años.  El promedio de la inflación ajustada al nuevo índice de precios para los siete años de pillaje fue de 3.02% anual, el cual no es bajito si pensamos que recientemente se ajustó este indicador a los precios de diciembre de 2006. 

Para que tengan una idea, con la inflación en dicho período, una docena de huevos importada que costaba .99 en el 2001, aumentó hasta $1.22 en el 2008.  Este aumento representó un aumento de 23% en el costo anual de ese producto. Imagínense el incremento en precios en otros productos tales como neumáticos, medicinas, piezas de autos y todos los demás artículos que nos llegan del extranjero.

Ahora bien, qué podemos hacer los consumidores ante este atropello.  Desgraciadamente nada.  Dependemos de que el gobierno federal o el local hagan algo.  El federal ya los multó, pero no tenemos garantía de que no se pongan de acuerdo nuevamente y aumenten los precios de los fletes. 

Para aquellos que quieran medir el impacto económico de este chanchullo para el pueblo de Puerto Rico pueden usar dos posibles métodos de hacerlo.  El primero es buscando los estados financieros de las tres compañías y ver los márgenes de ganancias de éstas vis a vis los costos en cada una de las líneas de productos que transportan.  La segunda opción es utilizar el método de cuadrados mínimos ordinarios y estimar mediante regresión la línea de ingresos que debieron haber tenido en los siete años en los cuales fijaron precios.  La diferencia entre lo obtenido mediante regresión y lo que ellos ingresaron es el estimado de la tomadura de pelo al Pueblo de Puerto Rico.

Para mí el engaño de este cartel es un argumento más para aquellos que pensamos que las leyes de cabotaje son malas para el pueblo de Puerto Rico.  Ya es tiempo de abrir a la competencia este mercado.  Deroguen esa ley ya.