Por Athelyn Jiménez Emmanuelli / abogada

Para sorpresa de muchos, pero no de representantes legales de adolescentes en conflicto con la ley, hemos amanecido en estos días con noticias relacionadas a las dificultades de salud mental que atraviesan los jóvenes ingresados en las instituciones juveniles del país, pertenecientes al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Los datos publicados establecen que 23 jóvenes, de casi una centena, entre los meses de julio y septiembre de este año, han atentado contra su integridad física, bien sea en un intento de privarse de la vida o autoagredirse. No es un secreto que la privación de libertad afecta la salud emocional de cualquier individuo. Ello es mayor cuando hablamos de personas menores de edad quienes, la ciencia nos ha dicho y comprobado, se encuentran en una etapa crucial para su desarrollo como individuos, y cuyo cerebro permanecerá desarrollándose hasta pasados los 25 años. Tampoco debe ser una sorpresa que gran parte de estos jóvenes tienen diagnósticos en el área de salud mental, desde el común déficit de atención hasta trastornos más severos.

Las irregularidades de este año 2020 han exacerbado las dificultades de salud mental en ellos. Por casi un año estos jóvenes han visto limitadas y suspendidas las visitas de recursos de apoyo, maestros, recursos externos que brindan servicios, y no menos importante: los servicios de salud mental gracias a un pleito iniciado por la compañía privada que brinda estos servicios. Lo que tiene detenido el proceso de búsqueda de unos nuevos, y esperamos que mejores, servicios de salud mental. Es momento de separar los servicios que se brindan a esta población para que sean especializados, y aspirar a eliminar el sistema de privación de libertad para invertir ese dinero en prevención y tratamiento.

A lo largo de estos meses, desde marzo, nos hemos topado con situaciones donde se presentan informes desde las propias instituciones juveniles, suplicándole al tribunal que se egrese a un menor por haber sufrido un aproximado de 8 hospitalizaciones de salud mental, donde en la mayoría de las ocasiones había atentado contra su integridad corporal. O aquella situación donde un joven es ingresado, y aunque se solicita su egreso con alternativas y plan de servicio, el Estado caprichosamente se opone, y el Tribunal apoya esa oposición infundada, manteniéndolo detenido por largos meses. ¿El resultado? Tres hospitalizaciones de salud mental por autoagresiones e ideaciones suicidas, en un joven que a su ingreso solo tenía un diagnóstico de déficit de atención.

El deterioro a su salud emocional lo llevó a esos intentos, a tener alucinaciones auditivas, y a salir de allí con otros posibles diagnósticos y 4 medicamentos. Mientras esto pasa, una compañía privada sigue intentando beneficiarse del dolor de estos jóvenes. Así las cosas, nuestras personas menores de edad en conflicto con la ley privados de libertad siguen sufriendo el ostracismo y la invisibilización, aumentando los deseos de terminar con sus vidas porque la luz al final del túnel parece ser un tren a toda velocidad mientras ellos están atados a las vías.