Por Marcos Santana Andújar

En momentos en que nuestro país y el resto del mundo atraviesa una crisis de salud pública como consecuencia de la pandemia del COVID-19, es urgente que tanto el sector público, como el privado establezcan medidas con un enfoque integral y conforme a los derechos humanos, para proteger y acompanar a la niñez y juventud. Grupo que conforma uno de los sectores de la población más vulnerables, pues su bienestar depende en gran medida de sus cuidadores.

Así como, en el peor de los casos, aquellos grupos invisibles como son los jóvenes sin hogar, población que hemos estado atendiendo en la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico, durante esta emergencia a través de nuestr línea de orientación (787) 510-6506 o (787) 510-1606.

Es mucha la niñez que todavía carga con las secuelas ocasionadas por los huracanes Irma y María, así como por los temblores en el sur. Ahora, a esto se le suma la crisis del COVID-19 y sus efectos.

En toda emergencia, las acciones del gobierno deberían tomar en consideración los cuatro principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos son: la no discriminación, el observar el interés superior del niño, su derecho de participación y ser escuchado, y, por último, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo.

Sin embargo, lo que vemos son planes de acción que no necesariamente consideran el aspecto social. En eventos y circunstancias inesperadas, surgen aspectos sociales evidentes y otros menos evidentes, pero igualmente importantes. Por ejemplo, las consecuencias no intencionadas del aislamiento social. Dicha medida, aunque necesaria, puede acarrear en las familias un aumento en el nivel de pobreza, violencia, desigualdad, así como, la falta de acceso a la información, la tecnología y a los servicios esenciales.

Se debe tomar en consideración, el problema de la alimentación. Para muchas familias, las escuelas se convierten en centros de alimentación para sus hijos, ya que, en muchos hogares no existen los recursos económicos para la compra de alimentos. Así mismo en muchos casos, las escuelas son el ambiente seguro para la niñez, por lo que, durante el distanciamiento social, existe una gran probabilidad de que aumenten los incidentes de violencia doméstica y maltrato infantil.

También considerar, las limitaciones de acceso a los servicios educativos por falta de recursos. No todas las familias tienen acceso a Internet, ni a la tecnología necesaria para la educación a distancia. A esto se suma, los retos que suponen proveer servicios educativos a la población con diversidad funcional.

De igual forma, ante una crisis como la del COVID-19, el flujo de información hacia estas poblaciones, es de suma importancia para que puedan protegerse. Es trascendental que en los planes de acción se reconozca que la niñez y la juventud tienen derecho al acceso de información confiable, veraz y oportuna.

Es por ello que hacemos un llamado al Estado para que, ante la crisis, reconozca a la niñez como sujetos con derechos y se atiendan sus necesidades proactivamente desde un enfoque integral.