Por Mabel T. López Ortiz, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social

Hace un año escribía desde el Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTSPR) sobre la recuperación de nuestro país frente al huracán María. Hoy escribo sobre este tema frente a otro evento de la naturaleza: un sismo. ¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno frente a la recuperación que ansiamos?, ¿cuál es la responsabilidad de la ciudadanía y organizaciones profesionales? Toda la ciudadanía concurre en que este evento nos tomó por una sorpresa “esperada”, “avisada”, “pronosticada”, ya que personas expertas en el tema nos habían advertido de este posible evento.

Lo cierto es que el proceso de organizarnos requiere sistematización, más allá de la voluntad, la cual tenemos todas las personas en el país. ¿Cómo doña Juana o don Juan van a conocer hacia dónde dirigirse?, ¿cuál será su futuro?, ¿quién les ayudará? 

Las respuestas a estas preguntas se refieren a la política pública del Estado, que requiere de acciones concertadas que procuren la atención de las necesidades de la población, pero con énfasis en adultos mayores, niñez, juventud, personas con diversidad funcional, y de nuestra población confinada. 

Definitivamente, las acciones también deben estar acompañadas de información. 

El acceso a la información es otro derecho humano que no debe ser menospreciado en este momento. Es justo preguntar cuándo tendremos luz, y recibir la respuesta real, sea lo dura que sea; debemos conocer si los fondos de emergencia atenderán las necesidades de cada familia que perdió el techo, su propiedad, dónde están nuestros derechos y quién los va a proteger. La vivienda es un derecho más que tampoco debe minimizarse. Este ofrece seguridad y apego a quienes lo necesitan. 

Por último, y no menos importante, nos ocupan las familias que están enfrentando el pánico de volver a sus casas, algunas por daños vicarios, y otras por el temor de sentir la fragilidad de las mismas frente a los sismos continuos. 

Cuando hablamos de responsabilidad del Estado, reconocemos que los municipios han accionado lo poco que tienen frente a la crisis económica que vivimos, pero el Gobierno Estatal debe tomar nota de la seguridad, tanto física, emocional y sexual de nuestra niñez en estos espacios públicos que se han convertido en refugios orgánicos. Hoy las organizaciones no gubernamentales y profesionales hemos asumido, una vez más, nuestra responsabilidad social, hemos salido al sur a ofrecer el apoyo voluntario con los recursos que tenemos, pero es urgente que los esfuerzos se unan y se sistematicen, y no hablo de burocracia, hablo de un plan.

El CPTSPR ofrece su voluntad para atender a nuestro país, aceptamos el reto.