El pasado 15 de marzo de 2020 será una fecha que permanecerá grabada en nuestra historia.

Mediante orden ejecutiva la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, estableció un toque de queda con el fin de contener los contagios de coronavirus (COVID-19) en el país. Desde ese momento nuestras vidas cambiaron para siempre.

Han surgido batallas entre los que impusieron el encierro o distanciamiento social y los que entienden que al gobierno se le pasó la mano, que se excedió y violó la Constitución al determinar dónde, cómo y bajo qué circunstancias debemos movernos. El llamado “lockout” paralizó nuestra economía a tal nivel que las pérdidas sobrepasan los 6 mil 600 millones de dólares, más de dos terceras partes del presupuesto de un año del Gobierno de Puerto Rico.

Los empleados públicos han permanecido recibiendo sus salarios, lo que ha provocado la molestia muchos. El secretario de Salud, Rafael Rodríguez, renunció a su cargo, mientras su homólogo en Educación, Eligio Hernández Pérez no sale del fuego tras decisiones controversiales como validar el semestre académico e insistir en no abrir los comedores escolares pese a determinaciones de los tribunales.

Los toques de queda y las restricciones se extendieron y muchos reclamaron apertura por entender que son servicios esenciales. En el departamento del Trabajo quedó al descubierto su funcionamiento arcaico y Evertec cargaba con toda la culpa por el fracaso del sistema para reclamar ayudas.

Mientras la gobernadora daba traspiés en sus decisiones también fue salpicada por escándalos de aparente corrupción entre su equipo de confianza. Varios miembros del task force médico fueron señalados como parte de un esquema para tumbarse $38 millones para comprar pruebas de coronavirus a un precio de usura.

Así los nombres de APEX, Jesús Maldonado, Roberto Rodríguez, Mabel Cabeza entre otros se convirtieron en el eje de un escándalo de venta de influencias para enriquecerse a costa del dolor ajeno. Y mientras la tierra volvía a temblar en el sur recordándonos a nuestros hermanos olvidados, otros se preparaban para celebrar con un bizcocho en forma de ventilador su efímera nueva vida como millonarios.

Como si fuera poco, la burla contra los más afectados quedó evidenciada en un nuevo “chat”. En medio de este torbellino aprobaron a las millas un nuevo código civil, otro electoral y la retroactividad del veredicto unánime en casos por jurado.

El pasado jueves la gobernadora anunció una apertura y flexibilización de la Orden Ejecutiva sin la presencia del task force médico lo que muchos catalogan como una decisión puramente electoral. Así las calles comenzaron a abarrotarse de personas como cuando pisas un hormiguero y la alegría de algunos fue el reclamo de injusticia de otros.

¿Aprendimos la lección detrás del COVID-19? La mayoría redescubrió lo hermoso de estar en familia, el valor de la empatía, la importancia de la paciencia, el significado de un abrazo, la riqueza en la sencillez y la fragilidad de la vida. Pero también la necesidad de una vez y por todas limpiar nuestro país de la corrupción, sacar a los buscones, acabar con la desigualdad y la pobreza y trabajar duro por reconstruir las instituciones gubernamentales que no sirven bien.

Muchos aseguran resignados que nada cambiará y que nadie pagará por sus intentos de robarle al país, por su afán de perpetuarse en el gobierno o su incapacidad para servir bien al pueblo.

Solo con el tiempo sabremos si el virus fue o no productivo para Puerto Rico.