La imagen y credibilidad del boxeo profesional puertorriqueño están en juego en las vistas públicas del próximo martes para dirimir la controversia entre el comisionado José “Toto” Peñagarícano y el juez  César Ramos.

A diferencia de muchos, opino que este es un asunto de gravísimas consecuencias si no es resuelto en justicia, concluyentemente  y de forma meridianamente clara. No creo que esto sea un mero asunto bobo que pasa en todas partes y ha sido sacado de proporción, o una sencilla e inocente cadena de errores y confusiones.

Las imputaciones de Ramos de que su votación del primer asalto fue cambiada, alterada o corregida sin su autorización son gravísimas y tienen que quedar demostradas como verdaderas o falsas sin puntos medios. Si fue alterada, el responsable, sea quien sea, comisionado o personal clerical de la CBPPR, debe ser castigado con las más severas penalidades del Derecho Administrativo vigente, así como expulsado permanentemente de la comisión.

Si es legalmente posible, debe ser declarado persona non grata y vetarlo de entrar a cualquier cartelera de boxeo profesional celebrada en la Isla, tal y como las Grandes Ligas sancionaron a Pete Rose. Las tarjetas de votación no corren por muchas manos una vez el árbitro las entrega a la mesa de la commission, y no debe ser muy difícil dar con el autor de la alteración si se dio la misma.

Si la tarjeta no fue alterada y Ramos afirma enfáticamente que votó 10-7 el primer asalto, ¿por qué la tarjeta máster dice que votó 9-7? ¿Por qué la tarjeta máster lee 36-34 para los tres jueces una vez finaliza el cuarto asalto si se anunció en la votación abierta 36-35, 36-35 y 36-34, cuando estas votaciones que se anuncian se toman directamente de la tarjeta máster? ¿Son los dos puntos “desaparecidos” los que alega Ramos le dedujeron a él y el que dedujo, según también alega, el juez José Roberto Torres tras la intervención de Peñagarícano en el sexto asalto? ¿Se preparó un nuevo máster después de esta intervención?

La entera responsabilidad de la tarjeta máster, según el reglamento vigente, es del comisionado de turno, en este caso el licenciado Daniel Cabán. Algo no cuadra bien aquí, y debe quedar aclarado completamente. Además, aparte de la prueba documental, está el testimonio de José Roberto Torres. ¿Corroborará o no, este a Ramos en relación a la intervención de Peñagarícano? Esta es la gran pregunta.