Cofrades

La denuncia de los jugosos contratos que fiscales especiales independientes mantienen con municipios y otras agencias le brinda a la Legislatura la oportunidad de cortar grasa en el presupuesto gubernamental del nuevo año fiscal, que se inicia el 1 de julio próximo. El gobernador Alejandro García Padilla, aunque quisiera, no podría recomendar los recortes porque la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) consiguió el cuatrienio pasado el privilegio de acudir directamente a la Legislatura con su petición presupuestaria.

La investigación periodística de El Nuevo Día sobre la oficina del FEI, publicada la semana pasada, puso al descubierto que los fiscales especiales independientes Zulma Fúster Troche y Guillermo Garau Díaz han suscrito contratos de asesoría y consultoría con municipios, la primera con administraciones penepé y el segundo con alcaldes populares. Casualmente, Fúster Troche es la esposa del ex legislador y ex presidente del Partido Nuevo Progresista Leonides Díaz Urbina, que ahora aspira a la candidatura penepé para la alcaldía de San Juan y quien tuvo el cuatrienio pasado contratos por un monto total de $570,000 con el Municipio de Toa Baja. El registro de contratos de la Oficina del Contralor incluye para este cuatrienio otros tres contratos de Díaz con el mismo municipio por un total de $144,000 hasta el 30 de junio próximo.

Por su parte, Fúster Troche, según reveló El Nuevo Día, ha mantenido contratos por $338,000 durante sus tres años como FEI, con el ex alcalde de San Juan Jorge Santini y con la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez. En tanto, Garau Díaz ha hecho lo mismo durante los últimos cinco años en que ha sido FEI, pero con los alcaldes populares de Cayey, Quebradillas, Isabela, Rincón y Mayagüez. El monto combinado de estos contratos es de $634,767.50. A pesar del proceder obviamente impropio, la presidenta del Panel del FEI, Nydia Cotto Vives, los defendió con uñas y dientes.

Hay que recordar que la propia Cotto Vives, ex jueza del Tribunal de Apelaciones, mantuvo el cuatrienio pasado contrato de consultoría con el Departamento de la Familia. Un compañero periodista fallecido solía decir con ironía que cuando se trata de chavos, penepés y populares son hermanos de la misma cofradía.

En quiebra

El alcalde penepé de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, tiene el agua hasta el cuello, con un municipio prácticamente en quiebra. Esas son las consecuencias de dilapidar los fondos públicos apadrinando a correligionarios con sustanciosos contratos, como son los casos de Leonides Díaz Urbina, Edwin Mundo, Néstor Aponte y Manuel Herrero, todos asesores legales del municipio. Pero, para que no digan también tiene en su extenso róster de abogados bajo contrato a un popular, el ex secretario de Estado Ferdinand Mercado.

Dios los cría...

El registro de contratos de la Oficina del Contralor desvela hasta los secretos mejor guardados. Aunque parezca insólito, el ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo A. Cruz Maldonado, es asesor legal de la inoperante Oficina del Contralor Electoral, que dirige Manuel A. Torres, ahijado político del ex presidente senatorial Thomas Rivera Schatz. Según el registro, Cruz mantiene contrato con Torres desde el 12 de julio de 2012, a razón de $60,000 anuales. El contrato fue renovado el 11 de julio de 2013, pero a nombre de GAC & Asociados, PSC, el bufete de Cruz. El “censor” electoral ha servido de refugio a empleados del Senado de Rivera Schatz, quien a su vez ha sido amigo cercano de Cruz desde que ambos eran comisionados electorales.

“Off the record”
Mal ejemplo

El gobernador Alejandro García Padilla y sus funcionarios financieros le dan un pésimo ejemplo a los ciudadanos cuando celebran, como si de un logro se tratara, la venta de $3,500 millones en bonos en el mercado. Lo que el gobernador y sus funcionarios tienen que decirle al País es que la situación fiscal sigue siendo crítica y que hay que ajustarse el cinturón y ahorrar para poder sobrevivir. Si no se habla claro ahora, seguiremos en picada.