Ése fue el sabor que dejaron las respuestas del presidente del Senado, Kenneth McClintock, a preguntas sobre puntos específicos de la declaración jurada de la senadora popular Sila Mari González en que plantea posibles conflictos de intereses y actuaciones antiéticas del senador Héctor Martínez, alias Macaracachimba, quien hasta las primarias del 9 de marzo era rossellista. Muchas cosas se han quedado en el tintero. Por ejemplo, las referencias al licenciado Víctor Rivera Torres, que todo el mundo conocía en el Senado tenía contrato con la Comisión de Seguridad Pública cuando la presidió Martínez. El abogado era una figura visible en la supuesta investigación de las instituciones penales en la que también “asesoraba” el asesinado presunto narcotraficante José “Coquito” López Rosario.

El senador Martínez recomendó a su ex socio y contratista Rivera Torres a la senadora González para “su posible contratación como abogado en un caso de revisión de pensión alimentaria”. Con respecto a la declaración de la senadora popular de que Martínez en “varias ocasiones” le hizo “varios obsequios”, se llamó la atención a este diario de las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental sobre la información requerida en los informes financieros, específicamente el punto 14 del Artículo 4.4 del estatuto, en cuanto a regalos recibidos por más de $250. Trascendió que entre los regalos había una joya que dicen valía miles de dólares y que Martínez le regaló a la senadora, quien posteriormente se la devolvió.

¿Se reportó antes de su devolución? ¿Martínez reportó el dinero de esa joya, que han dicho estaba valorada en $10 mil? ¿Se reportaron otros obsequios por más de $250? Es lo mismo que en el caso del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que tendría que reportar a la Oficina de Ética Gubernamental lo que se done para su defensa legal en el caso federal. Igual ocurre con el caso de Pedro Rosselló, que debió haber reportado en su informe financiero a la OEG el pago de más de $80 mil —donados en una colecta— que él consintió que se le hiciera al Sistema de Retiro para cubrir su deuda por el dinero en exceso que cobró ilegalmente de su pensión “Cadillac”.

Se han estado amparando en el informe del Departamento de Justicia que no encontró causa para procesar criminalmente a Martínez. Sin embargo, Justicia le refirió al Senado el informe para que atendiera los asuntos éticos, ya que los cuerpos legislativos son los únicos jueces de esos miembros, según la Constitución.

Tostón heredado

El ex representante Edwin Mundo no sabía en lo que se metía cuando aceptó, en forma interina, el cargo de comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista luego de las primarias del 9 de marzo, ante la renuncia del veterano en asuntos electorales Ramón Bauzá Escobales. A Mundo que, tras resistirse aceptó finalmente el sábado el cargo en forma permanente, le tocó de inmediato, el primer día que asumió el interinato, el tostón del escrutinio y recuento de las primarias que se convirtió en un proceso maratónico. Para Mundo, el escrutinio y recuento fue cuesta arriba.

El personal con que contó fue escogido por sus antecesores, Tomás Rivera Schatz y Bauzá, en especial por el primero. Y, los preparativos que se habían realizado estaban dirigidos para un escrutinio entre Pedro Rosselló y Luis Fortuño, cosa que no llegó ni a primera base ante la pela que el segundo le dio al primero al alzarse con la candidatura penepé a gobernador.

La crisis mayor en este proceso fue cuando se llegó al distrito senatorial de Humacao, en el que en los maletines de sobre 60 por ciento de los colegios electorales no se incluyeron las actas de escrutinio ni de incidencias y hubo que revisar papeleta por papeleta. La impresión fue que al Rosselló conceder temprano la victoria a Fortuño, en muchos colegios electorales los funcionarios se desalentaron y abandonaron sus labores, dejando el proceso a medias.