Si estuviéramos en otro momento, algo como lo que estamos viviendo quizás sería otro escándalo más. Pero no lo es. La gobernadora sabe que esto no es cualquier escándalo. Ella sabe que mientras nos decía a todos que un asesino invisible nos acechaba, permitió que su gobierno comprara las defensas fatulas para defendernos, alegando que ella no sabía nada.

Veamos los datos, los hechos, lo que ocurrió, no el spin que ella trató de ponerle a la verdad.

La gobernadora dijo que el Covid 19 es un enemigo invisible. Eso es falso. El Covid se puede ver, pero para eso necesitas las pruebas que son las balas contra el ejército enemigo, que se usan en la guerra contra un virus. Las pruebas son esas balas con las que los expertos pueden identificar por dónde va la pandemia y cuándo la hemos vencido o cuándo esta necesita mayor arsenal.

Es el momento de mayor vulnerabilidad de nuestra vida, sabiendo que tenemos una población envejeciente de 830 mil personas, que 630 mil boricuas son hipertensos en esas edades y que cerca de 250 mil son diabéticos, que tenemos las tasas más altas de asmáticos del mundo y que los boricuas con enfermedades crónicas y obesidad son tantos que ni podemos contarlos.

La gobernadora, que no botó a Rafy Mercado cuando dijo que estaba listo para el Covid en portada de este y otros periódicos en enero, y tampoco botó a la Dra. Deseda cuando dijo que Italia estaba ardiendo Covid porque estaba al lado de China, ahora nos dice que le creamos que la Fortaleza no tuvo nada que ver con las compras de pruebas fatulas que nos dejaron sin balas para poder ganarle al ladrón que venía escondido en la noche.

Pero no son solo esas pruebas. Las otras 200 mil también fueron compradas de forma fatula, al punto de que tuvieron que reempaquetarlas y ponerles un label diferente al que trajeron, porque cuando se compraron y llegaron a Puerto Rico no estaban autorizadas por la FDA. O sea, pueblo de Puerto Rico -como dice tanto la gobernadora-, en el momento más neurálgico de la batalla, nuestra gobernadora nos armó con 1.2 millones de pruebas fatulas y no autorizadas por la FDA. Esto no es mi opinión, esto son los datos, los hechos, la evidencia de los resultados de lo que ocurrió constatable por la propia FDA.

Nuestra gobernadora nos quiere hacer creer que ella no sabía y que nadie en Fortaleza sabía y que era ordinario y común que en el gobierno de Puerto Rico le soltaran a una empresa $19 millones prepagados y que siete agencias del gobierno se pusieran de acuerdo para hacerlo de forma expedita sin que nadie en el gobierno empujara el asunto ni la Fortaleza.

Cualquiera que conoce a Hacienda sabe que eso es un paquete de marca mayor. Ni el reintegro llega en días y prepagado a nadie, qué diablo serán $19 millones para pruebas no autorizadas por la FDA y que tienen efectividad ínfima como poco, además de que ellas valen en el origen 2 a 3 dólares cada una y nos la iban a vender a nosotros en 36, 38 y 46 dólares respectivamente.

La cantidad de mentiras son tantas, que no puedo contabilizarlas porque rompen el embusterómetro. Pero para comenzar, ayer se dijo que el doctor Rodríguez envió un mensaje a Salud, pero Segundo Rodríguez se lo envió a Mabel Cabeza en realidad. Sí, la misma Mabel que según la exsecretaria de Salud hacía compras y era indispensable para Fortaleza, al punto de que no dejaron a la secretaria botarla y se la llevaron en destaque a Fortaleza como asesora de la gobernadora. Ahora también sabemos que la gobe fue quien nombró a Cabeza al Task Force, según la doctora.

Además, fue Segundo Rodríguez quien recibió a la compañía Apex y la refirió a Mabel Cabeza, pura casualidad que el hombre de Lemus Group y donante de altas figuras republicanas y del PNP estuviera vinculado a ambas empresas de compras de pruebas fatulas.

La gobernadora dijo que ella vio los documentos y en ninguno decía nada de presión indebida sobre los empleados, como si la gente dejara por escrito a lo bestia cuando hay irregularidades. Nunca mencionó que el banco fue el que detuvo la transacción y transferencia electrónica, y que los federales no habían aprobado dichas pruebas para uso en Puerto Rico, pero aun así las compraron.

También dijo que la doctora Concepción Quiñones de Longo había recibido un email para aclarar que los ventiladores comprados no llegaban en 16 meses sino en 16 semanas. La gobernadora sabe que esto es mentira. Que la propia doctora había dicho en entrevista, precisamente conmigo, que fue que ella se dio cuenta de que había un error en el contrato y que entonces se arregló, y por eso es que se dio el cambio de fecha para que los ventiladores llegaran más rápido. Aun sabiendo esto, la gobernadora dijo otra historia.

Dice la gobernadora que nunca llegó donde ella la orden de compra. Pero ella sabe que todo contrato y orden de compra de sobre 10 mil dólares TIENE que pasar por Fortaleza, según la Orden Ejecutiva 2019-02 y la 48. Dijo que las órdenes de compra no, pero los contratos sí, sabiendo que las órdenes de compra luego pasan a ser contrato. También tiene que pasar toda transacción de sobre 10 millones de dólares por la Junta de Control Fiscal para aprobación. Eso tampoco ocurrió, precisamente, porque la gobernadora, en su completa sapiencia, hizo una orden ejecutiva para que todo se hiciera en compras a la prisa.

¿Usted sabe cuándo se firmó la orden para que las compras de emergencia no pasaran por Fortaleza? El 25 de marzo, justo el mismo día en que se ordenó la compra de las pruebas fatulas. O sea, que de pura casualidad, compran a toda prisa esto justo en el mismo instante que la gobernadora pasó la orden para que pudieran hacer compras sin tener que pasar por los protocolos y reglamentos que les aplican a las compras.

Finalmente, lo peor sigue siendo con lo que empecé. Mientras nos atacaba el enemigo y el ejército más poderoso jamás enfrentado por nuestra generación, la gobernadora compró las balas para llevarnos al combate, solo que no servían, eran fatulas. Si usted tiene dudas, no vea los trámites, vea los resultados.