La semana pasada le dediqué la columna al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Rafael Ramos Saenz. El que en sus peripecias alegó que era un juez y por tanto se merecía los beneficios de chofer y carro ante su sacrificio de aceptar la posición en la que encontró su desgracia. Esta semana ya no es presidente. Ahora ni siquiera es juez. Está suspendido de empleo, pero no de sueldo (en lo que sigue la investigación en su contra). 

La publicación de un chat en Whataspp donde aparece el equipo electoral del entonces candidato y ahora gobernador Ricardo Rosselló fue el fin de la carrera del eximio expresidente. Sin embargo, lo que me ocupa esta semana es preguntarme… ¿por qué un abogado que pasa la reválida y se hace juez tiene que hacer esas barbaridades? 

En el libro, El Juicio de los Jueces, el Lcdo. Elías González Mathews escribió la forma en que se seleccionan los jueces en Puerto Rico y cómo muchos cuadraban casos fuera de los tribunales por diversas razones. El exfiscal federal Poty Córdova escribió algo parecido. 

En el pliego acusatorio del caso contra el exsenador Jorge de Castro Font se supo que el Ingeniero Pedro Morales le hizo una actividad de recaudación de fondos al senador a cambio de que su esposa, Margarita Medina Sotomayor, fuera confirmada como jueza. El ingeniero consiguió 10 mil dólares y luego 2,500 más y su esposa fue jueza. Ya no es jueza, pero sigue en el Registro Único de Abogados y su esposo fue contratado por un tiempo en la AEE para ser el segundo de la corporación pública.

En el caso de Lutgardo Acevedo, donante del PNP y amigo de Anaudi Hernández, también se supo que el juez Manuel Acevedo cogió dinero a cambio de exonerar al primero por un caso de homicidio. Anaudi tiraría al medio a la cúpula del PPD y se convertiría en testigo sobre corrupción  bajo Alejandro García Padilla. 

En 1992 Rafael Hernández Colón creó el Tribunal de Apelaciones luego de saberse que Pedro Rosselló había prometido crearlo de ganar las elecciones. Rosselló eliminó ese tribunal alegando que era un gasto innecesario tener esos 15 jueces. Dos años después creó el Tribunal de “Circuito” de Apelaciones con, no 15, sino 33 jueces. Sila Calderón “reformó” ese tribunal y lo subió a 39 jueces y así quedaron de nuevo los nombrados bajo el PPD como mayoría. 

A Aníbal Acevedo Vilá le tocó un gobierno compartido, así que no pudo nombrar muchos. El Senado de Kenneth McClintock y Jorge De Castro Font le dijo que no podría nombrar porque eso le tocaría a Luis Fortuño. Así aseguraron que el gobierno de Fortuño nombrara a 203 jueces en sus cuatro años, o sea, más de la mitad de la Judicatura en un solo cuatrienio, incluyendo la mayoría del Supremo. Cuando Fortuño perdió en el 2012, copiando lo que antes hizo Hernández Colón, nombró como jueces o fiscales a todos los abogados derrotados bajo la palma. 

Sabiendo todo lo anterior, uno esperaría que a los políticos le diera vergüenza y como poco decidieran cambiar la forma en que se confirma a los jueces. En otros lugares del mundo el sistema no es tan politizado como el nuestro. Por ejemplo:

1 – Hay jurisdicciones donde los jueces tienen que pasar por exámenes y por paneles de oposición. Allí muestran sus conocimientos y tras una evaluación de sus pares y pruebas objetivas quienes mejores calificaciones tienen se convierten en magistrados. 

2 – En algunos estados los jueces son electos directamente por el pueblo. Aunque esta opción se presta también para la corrupción, obviamente permite al pueblo tener participación directa e involucrarse en los que a la larga decidirán sobre su vida, propiedad o libertad. 

3 – El PIP ha propuesto aquí hace décadas cambiar el modelo para que las tres escuelas de derecho, el Colegio de Abogados y la Asociación de Abogados participen en la creación de una lista de los mejores abogados y abogadas de Puerto Rico y entre esos candidatos pre seleccionados sea que el gobernador y el Senado escojan los futuros jueces cuando surjan las vacantes. 

Si ven, varias de estas opciones pudieran hacerse sin siquiera enmendar la Constitución. Nada impide que el gobierno de turno legisle para que los abogados tengan que pasar por dichos procesos antes de ser nombrados a la Rama Judicial. Sin embargo, no lo hacen porque se les acaba el poder de seleccionar dichos puestos por su criterio. Obviamente, es en la Rama Judicial que estriba la última palabra de las acciones de los políticos y por tanto la perpetuidad de ellos en la influencia del poder, aunque ya no estén en los puestos políticos que antes ostentaron. 

Tras saber todo esto es que uno comprende porqué el juez Ramos se metió a un chat “electoral” como si fuera mondar un guineo. De hecho, tras lambonear al PNP toda una vida fue nombrado juez municipal y luego de meterse en el chat fue ascendido por Ricardo Rosselló a Juez Superior llegando incluso a presidente de la CEE. Solo una guerra interna del PNP logró ejecutarlo demostrando que todo esto salió, no porque quisieran erradicar la corrupción, sino porque Thomas Rivera Schatz quería ejecutar a Norma Burgos. 

En fin, el juez se metió en el chat porque en Puerto Rico el que lambe… se pega. Su caso lo demuestra aún más que los anteriores y estoy seguro que hay muchos otros en otros chats que han hecho lo mismo.