El presidente Donald Trump, en medio de su convalecencia por COVID-19, ha nominado a Justin Peterson como el quinto miembro de la Junta de Control Fiscal, para llenar una de las tres vacantes que había tras la salida de José Carrión, José Ramón González y Carlos García. Este no es cualquier nombramiento. Este nombramiento es una patada en las partes íntimas a los puertorriqueños de parte de Donald Trump y si no lo crees o no lo entiendes es porque has estado jugando demasiado Animal Crossing.

Curiosamente, el presidente, en medio de su locura, hace este nombramiento unas semanas antes de que cientos de miles de puertorriqueños acudan a votar en estados claves como Florida, donde viven un millón de boricuas; en Pennsylvania donde viven 500,000; North Carolina donde viven 100,000; Michigan con 40,000; Ohio con 120,000, y los 60,000 en Wisconsin. Esos estados son los llamados “swing” y se gana la presidencia por mucho menos del voto que tienen los boricuas si votan en masa. Quien gane esos estados, ganará la presidencia. Ahora, el presidente siente que ese nombramiento no le afectará y que los boricuas, como siempre, se dividirán, por lo que él saldría ganando.

Justin Peterson es un director de una firma de cabilderos y relaciones publicas en Washington llamada DCI. Esa firma ha hecho campañas publicitarias y cabildeo en contra de los intereses de Puerto Rico para beneficiar a los buitres desde mucho antes que se aprobara PROMESA. El nivel de ataques generado por DCI contra el gobierno de Puerto Rico fue tal, que por mucho tiempo se evitó tocar los intereses de los bonistas de obligaciones generales, los GOs. Los que seguimos ese proceso sabemos que el gobierno fue cuidadoso al aprobar la ley de quiebra criolla y al implementar los “claw backs” (los primeros impagos a finales de 2015) para no tocar los intereses de los GOs y sus poderosos cabilderos en DCI y en Puerto Rico, incluyendo importantes figuras dentro del PPD. En el PPD y el PNP hay mucha gente que se prestó para esos intereses.

DCI y los cabilderos de aquí, tanto PPD como PNP, lograron que los bonos “constitucionales” ni siquiera se consideraran al momento de proponer la reestructuración de la deuda. Para ellos era más importante pagar esos bonos que las pensiones. Se dice que DCI fue la responsable de los anuncios contra Garcia Padilla en medios de Estados Unidos comparándolo con Nicolás Maduro en Venezuela y Kirchner en Argentina. Luego cabildearon en Washington para evitar que los GOs fueran incluidos en PROMESA y en Puerto Rico para evitar que los GOs fueran incluidos en la ley de moratoria que aprobó García Padilla a principios de 2016. Nunca olvidaremos cuando un legislador del PPD se le sentó encima a ese proyecto de ley en la Cámara por una semana para que no afectaran los intereses de los GOs. Hoy se hacen los más a favor de la auditoría de la deuda y cantan que las pensiones van sobre los buitres, pero así no actuaron entonces.

Sin embargo, el gobierno de Puerto Rico y la administración de Obama argumentaron con éxito que la restructuración de la deuda tenía que ser total, incluyendo a los GOs, porque si el gobierno no interrumpía el pago del GO en julio de 2016, tenía que cerrar completo y dejar sin trabajo a todos los empleados públicos, incluyendo policías, bomberos, ambulancias, etc. Por eso se aprobó PROMESA, precisamente, para no tener que pagarle a los GOs en julio de 2016 y que el gobierno pudiera seguir operando y dando servicios.

La reestructuración de la deuda está en un punto crítico para los puertorriqueños. La Junta de Control Fiscal todavía no ha acordado el recorte de los GOs y gente como Justin Peterson ya demostraron que para ellos es más importante que los GOs cobren a que el gobierno pueda brindar servicios esenciales para los vulnerables.

De hecho, los acreedores más grandes con quienes la Junta todavía no ha terminado de restructurar las obligaciones de Puerto Rico son los GOs y los pensionados. Y como ya sabemos que el bizcocho no da para pagarle a todo el mundo, las decisiones que tome la Junta en los próximos meses van a ser cruciales para saber si se van a garantizar las pensiones y los servicios esenciales o si se le va a pagar a los clientes de Justin Peterson. De ahí que lo que ha hecho Trump es echarles lechugas a los cabros.

Esta afrenta no se le puede perdonar y los puertorriqueños que quieren lo mejor para Puerto Rico, no para los acreedores, tienen que decidir si le van a pasar la factura a Trump el 3 de noviembre. Todavía estamos a tiempo para mandarle un mensaje al presidente.

Bien se podría decir que nos hemos ganado tener una Junta y que hemos administrado por las patas, pero a 26 días de las elecciones nombrar al cabildero que trató por todos lados que mejor cerraran hospitales, escuelas y servicios esenciales (no estoy exagerando) antes dejar de pagar la deuda, es escupirnos en la cara y peor aún, es creer que puede hacerlo mientras nosotros aplaudimos.