Una fiscal bajo juramento dijo que Wanda Vázquez estuvo presionándola para acusar a William Villafañe e Itza García aunque no había evidencia de acciones ilegales de estos. Llegó al punto de que la gobernadora, entonces secretaria de Justicia, dijo la fiscal, que la amenazó a ella y otros fiscales, de que si no les acusaban a estos, especialmente a García, ella las referiría a los federales por obstruir la justicia.

Esto, junto a otros casos, muestra que la gobernadora podría tener un serio problema de usar el poder para su beneficio personal.

Itza García fue la persona que refirió a Wanda Vázquez ante Ricardo Rosselló para que este tomara cartas en el asunto de que se alegaba que la secretaria usaba el poder para su beneficio personal en un caso que vinculaba a su hija y al novio de esta cuando ellos convivían en una casa donde ocurrió un robo. En aquel tiempo ella se inhibió públicamente de actuar sobre el caso y se decía que la gobernadora, entonces secretaria de Justicia, estaba utilizando el poder para meter preso a un familiar contra quien se quería vengar por haberle robado a su hija. La gobernadora decía que estaba inhibida y no actuaba sobre el caso, pero luego admitió que daba instrucciones a los fiscales bajo su supervisión, que pidió estar en reuniones sobre el caso y participó de las mismas sacando beneficio para su hija.

Entonces, ahí llega el caso del juez Jorge Díaz Reverón, esposo de Wanda Vázquez. El juez admitió que en un caso donde acusaban a su esposa, él directamente pidió a un alguacil del tribunal llamar a un policía, que era testigo en el caso de su hija y esposa, y el juez le pidió al policía que si podía pasarle su contacto a los abogados de su esposa. O sea, un juez utilizando a empleados públicos para ayudar a su esposa contactando a un testigo y pidiéndole a ese testigo que le ayude a su esposa y su hija.

¿Usted piensa que está bien usar el poder para su beneficio personal? También cuando la esposa de Héctor Ferrer tuvo una discusión con su esposo, Wanda Vázquez fue denunciada por presionar a la esposa de Ferrer para que presentara cargos contra el entonces líder del PPD.

Incluso, dijo la mujer que la gobernadora le ofreció trabajo en la Procuradoría de la Mujer a cambio de acusar a Ferrer. Igualmente, Glorimar Andújar -exsecretaria de la Familia- dijo que allegados a la campaña de Wanda Vázquez estaban aguantando las ayudas de los terremotos para repartirlas ellos y llevarse el crédito de los suministros repartidos. La gobernadora botó de su trabajo a Glorimar Andújar aunque esta era testigo de una investigación donde denunciaba traqueteos con fondos federales sabiendo que el Código Anticorrupción prohíbe despedir a dichos testigos.

Carlos Acevedo de NMEAD creía en la campaña de Wanda Vázquez al punto de que le pidieron quitarle un contrato a una agencia de publicidad para darlo a otra entidad que iba a ayudar a la campaña de Wanda. Este se negó porque eran fondos federales y podría ser ilegal. Poco después ocurrió el asunto de los almacenes de Ponce y lo botaron. Sin embargo, salió a relucir que el Gobierno sí sabía que esos almacenes en Ponce estaban allí y que se estaban usando y que la gobernadora lo botó por razones falsas.

Fernando Gil Enseñat, ahora exsecretario del Departamento de la Vivienda, recibió un aumento de sueldo autorizado por la gobernadora un mes antes de que surgieran diferencias entre ellos y lo botara. De inmediato lo amenazó con referirlo para investigaciones por actos criminales. Resulta, que la propia Fortaleza ya había investigado a Gil y había encontrado que no hubo nada malo. El martes la gobernadora dijo que había hablado con testigos del caso en su contra tras la investigación de Dennise Longo.

Justo antes decía que ella ni sabía de dichas investigaciones. Ni hablar de las pesquisas que no hizo de sus cercanos. Como cuando pidió que no le enviaran evidencia para no tener que investigar los furgones perdidos de Unidos por PR y Beatriz Rosselló, aunque amenazó de meter preso al alcalde de Patillas por mucho menos que eso; ni en Turismo tras las denuncias de la procuradora de la mujer; ni el chat de Telegram y el celular de Elías Sánchez. No les hablo de las facturas fantasmas de gente que facturaba mientras viajaba porque no cabe en esta columna.

Ahora, si algo tienen que tener pendiente los jueces y fiscales es nunca abusar de su autoridad y poder y menos para su beneficio personal. Con estos actos afectan no solo a personas, sino a sus hijos y generaciones al quitarle propiedad, vida y libertad. No es mi opinión, son los datos.