El autor de esta columna es periodista y abogado.

Estamos a pocos días de que regresen los tapones brutales con las clases. Como todos los años, veremos reportajes sobre si las escuelas públicas están listas.

Pero casi no se habla de las miles de familias que dependen de colegios privados.

El tema me tocó de cerca. El colegio de uno de mis hijos enfrentó una situación que, aunque no terminó en cierre, fue comunicada de forma que nos obligó a buscar otra alternativa en dos semanas. Pudimos resolver dentro del presupuesto, pero el proceso me llevó a indagar sobre un sistema que opera con poca transparencia.

Muchos colegios no tienen una página de Internet actualizada. No publican cuántos estudiantes tienen por grado, qué currículo enseñan, cuántos maestros retienen o cómo miden el aprovechamiento académico. Tampoco existe una herramienta comparable a ABRE Tu Escuela, que permite consultar el desempeño de las escuelas públicas.

Uno pensaría que, con esa idea de que lo privado es mejor que lo público, los colegios promoverían la transparencia. Pero cada cual escoge sus pruebas, sus métricas y qué información divulga. Algunos publican las universidades a las que fueron aceptados sus graduandos. Suena bien, pero no explica cuánto aprendieron.

La situación financiera es todavía más oscura. De lo poco que se sabe, los colegios han derramado un mar de lágrimas sobre cómo sus gastos operacionales se han más que duplicado, pidiendo ayuda al Gobierno sin ofrecerles transparencia a los padres. Al final, son las familias las que dan un salto de fe por sus hijos.

Y aquí está la trampa: la ley distingue entre registro y acreditación. El primero confirma requisitos mínimos para operar; la segunda, voluntaria, supone una evaluación adicional de un ente independiente como Middle States. Sin embargo, la ley responsabiliza a los padres de verificar que la institución esté en cumplimiento.

¿Cómo se supone que lo hagan?

El Estado no obliga a los colegios a divulgar resultados académicos, pérdida de matrícula, cuántos maestros se les van o cuántos están certificados. O sea, el Gobierno exige diligencia, pero no entrega la información necesaria. Para muchas familias, tampoco es tan sencillo pasar al niño a la escuela pública: dependen de horarios extendidos, tutorías u otros servicios que esa alternativa no siempre garantiza.

No estoy pidiendo que el Estado controle la educación privada, pero sí un mínimo de transparencia.

Cada colegio debería publicar su estatus legal, acreditación, matrícula histórica, retención de maestros, resultados académicos y protocolo de cierre.

El Gobierno no puede garantizar que ningún colegio cierre. Pero sí debe evitar que una familia se entere por Facebook, después de pagar la matrícula, de que el colegio llevaba meses operando como una quincalla y que, al final, lo que se afecta es el futuro de Puerto Rico.