El Proyecto de la Cámara 1003 propone una ley habilitadora para el Plan de Ajuste de la Deuda. Ese proyecto es malo para Puerto Rico y constituye la entrega del liderato legislativo del Partido Popular y el Gobernador del penepé a los bonistas buitres y a los designios de la Junta de Control Fiscal.

Dentro del esquema dictatorial de la ley PROMESA, se le reconoce un muy pequeño espacio de facultades a los funcionarios electos en Puerto Rico: se requiere legislación para autorizar una emisión de bonos. Ese es el único fin del PC1003: lograr el consentimiento de Cámara, Senado y Fortaleza para emitir bonos que representarán $359 millones de servicio de deuda anual por los próximos 25 años. Su pago tendrá prioridad sobre cualquier otra obligación como educación, salud, vivienda o infraestructura.

El proyecto establece que si se exceden las proyecciones del recaudo del IVU y de lo que recobra Puerto Rico de los arbitrios del ron, no podemos usar ni un centavo, no importa cuán desesperadamente lo necesitemos. Es decir, si tenemos más ingresos al fisco, no se puede utilizar para mejorar servicios del gobierno ni estimular nuestra economía en recesión; se tiene que usar para satisfacer el apetito de lucro de los bonistas buitres. ¡Es una barbaridad!

Además, el PC1003 tiene varios problemas de política fiscal. Primero, obliga al pago de emisiones de bonos hechas en el 2012 y el 2014, a pesar de que la misma Junta aceptó en el 2019 que esa deuda se emitió ilegalmente. Además, la reestructuración se da confiando únicamente en los números que da la Junta. No hay estados financieros auditados desde el 2019 hasta ahora, y ninguna entidad independiente ha sido consultada.

La realidad es que la deuda es impagable. El premio Nobel en Economía Joseph Stiglitz y prestigiosos economistas puertorriqueños han estimado que la deuda debía haberse recortado entre un 80% y un 90%. Un recorte como el propuesto es insuficiente. El acuerdo pretende que paguemos 75 centavos por cada 25 centavos que invirtieron los bonistas buitres. Es decir, ellos triplican su inversión al costo de nuestra pobreza. Con la aprobación del PC1003, se estima que para el año 2036 nos encontraremos al borde de otra quiebra.

En el Senado le incluyeron una lista de deseos al proyecto: dinero para la UPR (muy poco, por cierto, $500 millones al año); protección de pensiones; garantía de aportaciones a plan médico de empleados públicos; Fondo para la Igualdad Social; Fondo de Becas; Fondo para los Municipios. La Junta tachó las tres páginas completas y escribió en mayúsculas: ESTE ARTICULO SE OMITE INTENCIONALMENTE. Pero aún si se mantuviera el lenguaje, sin enmienda al Plan Fiscal, todo es cuento.

Los que defienden el proyecto alegan que nos acerca al fin de la Junta, porque la Junta se va con cinco presupuestos cuadrados y la totalidad de los acuerdos de reestructuración de la deuda. Claro, nos destrozan la casa, venden los muebles, enlodan el patio, entonces empacan y se van.

La tragedia es que ni aun con esa bofetada de la Junta, el liderato popular y penepé se da cuenta de que el problema no es solo financiero, es un problema político. La Junta es resultado de nuestra realidad colonial. Ése es el problema de fondo y no se atreven a meterle mano.

Creo que la gente debe ser consciente de la gravedad de lo que está pasando. Vienen tiempos de gran precariedad.

Hoy es más pertinente lo dicho por la senadora María de Lourdes Santiago en el 2016: ¡A la Junta, ni un vaso de agua!