Ayer terminó la primera sesión ordinaria de este cuatrienio. Con la honrosa excepción del trabajo legislativo de María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, creo que esta sesión no atendió temas puntuales y urgentes para el País.

En el aspecto positivo, debo indicar que los presidentes legislativos dieron muestra de apertura y diálogo con los distintos enfoques políticos representados en la Asamblea Legislativa.

El resultado de las pasadas elecciones generales dibujó un nuevo ordenamiento político diverso. Eso exige mayor inclusión y participación amplia para establecer política pública. No pueden los representantes del bipartidismo continuar actuando como si fueran una fuerza política única y plenipotenciaria.

Un ejemplo de esa capacidad de diálogo fue la aprobación de la ley que establece una Oficina de Enlace de Personas Sordas con el Gobierno de Puerto Rico. Esa legislación, que presenté y fue aprobada unánimemente por ambos cuerpos legislativos el pasado cuatrienio, fue vetada por la entonces gobernadora Wanda Vázquez. Al ser presentada nuevamente este cuatrienio por la delegación del PIP, fue aprobada y ahora espera por la firma del gobernador Pedro Pierluisi.

También la labor de la senadora Santiago en la Comisión Especial de Educación Especial ha sido importantísima para cuestionar y denunciar la situación de las niñas y niños del programa en general, la falta de servicios y las terapias necesarias en medio de la pandemia.

Por otra parte, hay que señalar aquellos temas fundamentales que no recibieron la atención necesaria.

Hay que establecer una Ley de Costas y establecer una moratoria a la construcción en zona costera. Cuarenta y tres municipios son costeros. En Puerto Rico vivimos el efecto de esta crisis luego de María con edificios que colapsaron total o parcialmente. Recientemente, en Florida ocurrió una tragedia debido a esas mismas condiciones. El Departamento de Recursos Naturales, irresponsablemente, se opone al proyecto. La pregunta es si hay que esperar una gran tragedia antes de darle paso a la sensatez.

En cuanto al presupuesto, la actitud legislativa fue patética. El liderato del PPD y el PNP siguieron las pautas de la Junta de Control Fiscal. Una Junta antidemocrática y abusiva para quienes el presupuesto es para el lucro de especuladores del mercado de bonos internacional, no por Puerto Rico.

Para los que se autodemominan autonomistas en el PPD, caramba, recuerden a Muñoz Rivera a principio de siglo pasado: “Un acto enérgico acaba de abrir más espacio en la conciencia del gobierno estadounidense que tres años de cortesías infantiles y tolerancias vejatorias.” Es fundamental impugnar la Junta de Control Fiscal y la naturaleza colonial que permite su abuso. El ELA no se aplaude.

Quedan los temas de salud, educación, derechos laborales de jóvenes y estatus, entre otros. Es el momento de actuar. Esa es la agenda pendiente.