Agradezco a Primera Hora la invitación para participar de este nuevo espacio titulado “Levanto Bandera”. Esta sección será una plataforma importante para discutir asuntos de gobierno, sociales y económicos que nos deben guiar para enfrentar los retos presentes y para construir el futuro.

Escribo esta primera columna en un momento en que los actos de violencia y asesinatos contra mujeres exigen una reflexión profunda y acciones decisivas, conducentes a enfrentar la crisis de violencia contra la mujer.

En el verano de 2018, intervine para detener un acto de violencia contra una mujer en una playa en Vieques. La agresión ocurrió frente a más de 100 personas, entre las cuales se encontraban mi hija y mis sobrinas. La Policía arrestó al agresor, para luego dejarlo en libertad. Tras hacer público el incidente, al ser en aquel momento Senador, se activó el protocolo que no se realizó originalmente. Esta fue una vivencia de lo que pasan mujeres todos los días.

Puerto Rico ha evadido promover una política de inclusión de la mujer en nuestro desarrollo social y económico. Hace apenas unos 100 días el gobernador Pedro Pierluisi decretó un Estado de Emergencia por Violencia contra la Mujer. Más allá de la declaración de emergencia, el gobierno debe dar pasos decisivos para atender esta crisis. Hay que trabajar identificando específicamente el efecto de políticas públicas que afectan particularmente a las mujeres.

Por ejemplo, la mayor parte de custodias de hijos e hijas son mujeres. El 24.5% de los hogares puertorriqueños tienen una jefa de familia. Mientras que solamente 6.2% es de jefes de familias masculinos. Ante esta realidad, continúa una política salarial desigual contra la mujer. Igualmente, falta de acceso a vivienda adecuada y servicios de salud enfocados en la necesidad particular del género femenino.

Como país, debemos promover una visión que no sea exclusivamente jurídica al tema de la violencia contra la mujer. Se debe establecer un Plan Estratégico para Erradicar la Violencia Doméstica, contando con las organizaciones de base no gubernamentales. Se deben adoptar, además, políticas públicas que fortalezcan la independencia económica de las mujeres.

Es importante establecer también protocolos estrictos y educación continua para el manejo de casos de amenazas y violencia contra la mujer. La policía, fiscales y jueces deben recibir educación específica sobre cómo manejar estos casos.

El tema de la violencia sexual, es un tema que se obvia del tema de violencia contra la mujer. Estadísticas del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación apuntan a que el 58% de las sobrevivientes de violencia sexual son menores de 14 años y se estima que, anualmente, ocurren 9,500 agresiones sexuales.

Hay que reformular y vincular las estrategias de prevención, manejo y seguimiento de víctimas de violencia sexual. Al mismo tiempo, fortalecer la educación de perspectiva de género en las escuelas.

Es urgente que el gobierno junto al sector privado tome medidas inmediatas y de fondo para enfrentar la crisis de violencia que enfrentan las mujeres. Sólo así haremos realidad el llamado: ¡Basta ya! ¡Ni una más!