Luego del huracán María, visité el sector Córcega en Rincón para atender varias preocupaciones de los rincoeños; el problema de gentrificación (el desplazamiento de comunidades y comercios locales por extranjeros), la construcción de un hotel y casino en terrenos protegidos por ley y la erosión costera.

Ese día llovía copiosamente y en Córcega vi cómo el mar azotaba los cimientos de varias estructuras frente al mar, entre ellas el condominio Sol y Playa. Su piscina se la comió el mar durante la tormenta. El mar reclamó su espacio. En aquel momento, pensé que era imposible reconstruir algo en aquel lugar. Me resultaba insensato e irresponsable haber construido allí y la reconstrucción de la estructura sería una insensatez aún mayor y una amenaza mortal al medioambiente y a la vida.

A raíz de esa visita y experiencias similares en Loíza y Cayo Tiburones en Arecibo, el cuatrienio pasado -como senador- presenté la “Ley de Moratoria de Construcción en la Zona Costanera”. La ley buscaba evitar la nueva construcción o reconstrucción en las zonas afectadas por la erosión costera. Esta era una iniciativa transicional hasta lograr una nueva Ley de Costas, promovida por el PIP hace más de una década, que establezca una nueva zona marítimo-terrestre que reconozca las nuevas realidades de la crisis climática. Ninguna fue aprobada. En este cuatrienio, la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez presentaron ambas medidas y han enfrentado la misma resistencia por parte del gobierno y la Asamblea Legislativa.

Hoy, el reclamo para proteger nuestras costas se visibiliza por la protesta que ocurre en Rincón. Debemos tener presente que son reclamos de antiguas luchas en defensa de nuestros recursos naturales, reservas agrícolas y medioambiente.

La crisis climática es real y una de sus consecuencias es el aumento del nivel del mar. Nuestras costas tienen una extensión aproximada de 799 millas lineales distribuidas en 43 municipios, en los que reside el 56% de nuestra población. Cada año en Puerto Rico aumenta el nivel del mar. Según el nivel del mar aumenta, la orilla se va moviendo tierra adentro y permite que el oleaje también llegue más adentro. A pesar de la experiencia vivida por el paso del huracán María y los efectos de la crisis climática, el gobierno continúa permitiendo distintos proyectos de construcción en la zona costera.

La falta de fiscalización del gobierno es evidente. El Departamento de Recursos Naturales es un colaborador de estos abusos. Ante la ausencia de un instrumento jurídico que proteja nuestras costas y ante la continua edificación de estructuras en el litoral; las comunidades han asumido la responsabilidad que el Gobierno se niega asumir.

El Gobierno ha renunciado a cumplir su obligación de establecer la más eficaz conservación de nuestros recursos naturales. Por eso, la ciudadanía protesta. Eso es lo que ocurre en Rincón, como ocurre en Playuela en Aguadilla, como ocurrió contra el depósito de cenizas en Peñuelas, las montañas de carbón de la empresa carbonera en Guayama y la ubicación indiscriminada de antenas en Aguada y Las Piedras, entre otros. Por no hablar de las dos propuestas de los gasoductos en el norte y el sur, dependiendo del color rojo o azul de la administración de turno. En cada momento, la movilización ciudadana ha sido clave para enfrentar el abuso, no así el gobierno.

Nuestro territorio es limitado. Tenemos la obligación de protegerlo. Nuestra defensa comunitaria e individual del medioambiente es nuestro legado a las presentes y futuras generaciones. En defensa del ambiente, el gobierno se rindió. ¡El pueblo no!