Puerto Rico no es una democracia. Las democracias son pueblos que, por definición, toman sus determinaciones. Como toda colonia, en Puerto Rico las determinaciones y leyes más fundamentales las toma la potencia administradora, Estados Unidos. Eso no significa que no tengamos facultades democráticas, aunque limitadas, que debemos proteger. Una de ellas es nuestro sistema electoral.

Luego de las elecciones del 1980, las cuales fueron señaladas por irregularidades, se estableció un sistema electoral de consenso. Se produjo un sistema confiable con garantías de confianza entre todos los actores electorales. De ahí surge una idea necesaria: nuestro sistema electoral debe ser transparente.

Y así fue hasta que, a partir del año 2000, los gobernantes de turno desearon tomar control del sistema. Eso arrojó dudas sobre credibilidad de resultados electorales. Cada cual, rojos y azules, fueron “in pari delicto” y comenzaron a enmendar la ley unilateralmente para acercar la brasa a su sardina electoral.

En el pasado cuatrienio el PNP, siguiendo el mal ejemplo del PPD, decidió enmendar unilateralmente la Ley Electoral. Lo hicieron en la hora cero. Como quien cambia las reglas de un juego de béisbol en la última entrada, enmendaron la ley electoral a semanas de la primaria y a varios meses de las elecciones. Desde el inicio de este cuatrienio, los legisladores de PIP propusieron legislativamente una ruta inclusiva y democrática para atender el tema con personas conocedoras, con experiencia y producto de consenso. Propusieron la creación de una comisión especial de reforma electoral.

¿Dónde estamos ahora? Pues estamos en el mismo lugar, luego de una elección ensombrecida por señalamientos de irregularidades. Se perdió el año 2021 sin acción legislativa. Así no puede ser en el 2022.

El PNP insiste en el actual Código Electoral que desde su concepción es antidemocrático y defectuoso. Entre otras cosas, incluye la exclusión de las alternativas al bipartidismo desgastado y desprestigiado. El PPD no ha cumplido su promesa de derogar el Código del PNP. Ellos piensan que hoy son sus vacas flacas, pero mañana serían sus vacas gordas. Lo que significa es que lo que hoy no les conviene, mañana sí. La actitud es: “hoy es para los azules, mañana será para los rojos.” Más aún, en el liderato del PPD no se han puesto de acuerdo entre ellos sobre cómo atender este asunto. Las iniciativas en la Cámara chocan con otras del presidente del PPD y del Senado.

El acercamiento para reformar nuestro sistema electoral debe contener varios principios esenciales. En primer lugar, se debe retomar el consenso como un principio. En segundo lugar, acortar el periodo de campaña y extirpar del proceso electoral el inversionismo político. En tercer lugar, se debe retomar la democratización de la administración de la Comisión Estatal de Elecciones, tomando en cuenta los ahorros fiscales que son tan necesarios. Por ejemplo, eliminar la figura del presidente alterno que constituye un gasto innecesario. Se puede establecer una línea de sucesión a lo interno de la CEE, sin incurrir en mayores gastos.

En cuarto lugar, adoptar medidas rigurosas para el “voto adelantado” donde haya juntas de funcionarios de colegio en balance. En quinto lugar, extender la prohibición de los anuncios gubernamentales a todo el cuatrienio. En sexto lugar, reforzar la inscripción de nuevos electores en escuelas superiores y universidades. En séptimo lugar, garantizar y fortalecer la permanencia del escrutinio mecanizado. Además, se deben restituir las candidaturas y partidos coligados que ofrecen al elector más opciones electorales.

Estos son algunos temas de importancia que deben ser incluidos en la agenda de reformular y fortalecer nuestro sistema electoral. Estamos a tiempo para recuperar la confianza del proceso electoral. Urge la acción consensuada.