No puede ser que el Departamento de Educación (DE) no garantice a nuestras niñas y niños ciegos los servicios más básicos para alcanzar su potencial. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico estima que las personas ciegas o con diversidad funcional visual severa representan un 6.1% de la población. Esto supone un total de 214,000 personas, lo cual equivale a una población mayor al número total de habitantes del municipio de Bayamón.

Entre esas 214,000 personas, afirma la Oficina del Censo, se encuentran unos 15,302 menores de 0 a 21 años. Sin embargo, el DE no tiene establecido un currículo especializado para el estudiantado ciego o con dificultades visuales severas. Como si esto no fuera más que preocupante, la agencia incumple regularmente con su deber de proveer instrucción y materiales en el sistema braille, el método de lectoescritura táctil desarrollado para personas ciegas.

A pesar de que el Censo divulgó un número cercano a los 15,000 menores, durante el año escolar pasado, el DE sólo logró identificar a 63 estudiantes con necesidad de libros adaptados en letra agrandada o en formato braille. Consecuentemente, la agencia compró, escasamente, 164 libros. Tristemente, esos libros tampoco eran de la mejor calidad.

El Centro Educativo para Ciegos e Impedidos de Puerto Rico denunció en una Vista Ocular celebrada por la Comisión Especial del Senado que monitorea el desempeño del Programa de Educación Especial, y que preside la compañera María de Lourdes Santiago, que el DE ha licitado la compra de libros en letra agrandada y braille que no cumplen con las especificaciones y parámetros establecidos mediante reglamentación federal. De hecho, la Comisión Especial corroboró que hubo escuelas con estudiantes ciegos que no recibieron libros en braille ni en letra agrandada durante todo el año escolar que acaba de culminar.

La falta de ofrecimiento de esos servicios y materiales, así como su provisión parcial o defectuosa, constituye una violación de derechos humanos. Ese incumplimiento, además de imponer trabas innecesarias en el desarrollo de la niñez, transgrede directamente las disposiciones de la Ley Núm. 240–2002 y del estatuto federal conocido como IDEA, que requieren la integración del braille como método de enseñanza fundamental en la instrucción de niños ciegos o parcialmente ciegos. Queda ignorado, igualmente, el mandato legal que le exige al DE laborar con las casas editoras de libros de texto escolares para que éstos sean reproducidos en braille.

Como colmo de su desfachatez, el DE afirmó en su memorial sobre la Resolución del Senado 218 (una medida de la Senadora María de Lourdes Santiago que busca ordenarle al DE proveer libros en braille al estudiantado ciego) que los libros “no son elementos esenciales o indispensables para el proceso educativo”, y que en los marcos curriculares del DE los libros “son herramientas sugeridas”. Gutenberg se revuelca en la tumba. La enseñanza del braille es el único mecanismo de alfabetización al alcance de la inmensa mayoría de las niñas y niños ciegos. Despreciar el valor de los libros en general y, peor aún, el de libros especializados para personas ciegas, es producto del imperio de la irracionalidad.

No puede ser que nos acostumbremos al incumplimiento contumaz y vergonzoso del Departamento de Educación. No puede ser que permanezcamos silentes ante tal atropello. No puede ser que la insensibilidad impere sin consecuencias. Dentro de mes y medio comenzaremos un nuevo año escolar; que en ese momento nuestros estudiantes con diversidad funcional visual no tengan sus materiales al día, NO PUEDE SER.