El caso de la deuda es financiero y político. Se aprobó la Ley PROMESA que se sustenta en la cláusula de la constitución estadounidense que autoriza al Congreso a gobernar sobre sus territorios. Puerto Rico es un territorio no incorporado, lo que el Derecho Internacional define como colonia.

La Junta de Control es un agente de cobro de los buitres, que son la abrumadora mayoría de los tenedores de deuda asegurada. Ese fue el diseño de PROMESA.

Lo especuladores del mercado de bonos compraron a peseta y lo pretenden cobrar a ochenta centavos. Los gobernantes irresponsables, rojos y azules, y sus equipos económicos lo permitieron y por eso deberían enfrentar la justicia.

La fuerza que operó sobre el Congreso entre demócratas y republicanos para aprobar PROMESA, no fueron monjitas de la caridad, fueron los buitres de Wall Street. Esos tuvieron la ayuda de los gobernantes irresponsables de aquí. La Ley PROMESA se convirtió en el equivalente a una disputa entre un trabajador y una empresa, y el mediador en la disputa lo nombra la empresa. Todos sabemos cuál sería el resultado. Así es con la Junta y sus promotores.

Ante eso, el pasado martes se dio, nuevamente, el maridaje entre el liderato PPD y PNP para aprobar una nueva emisión de bonos con un Plan de Ajuste de la Deuda que está sujeto al diseño del Plan Fiscal de la Junta. Ese Plan Fiscal nos penaliza por décadas a medidas de austeridad para satisfacer el apetito voraz de lucro de los buitres. No se puede validar una barbaridad que nos condena al empobrecimiento permanente, ni legitimar el sistema que permite nuestra subordinación política para el beneficio de especuladores de mercados financieros.

Ninguna de las propuestas que se han hecho le quita un centavo del pago prometido a los buitres. Esos triplican su inversión al costo del desmantelamiento del país. Una tercera parte del Fondo General es para pago de la deuda. De los chavos de los bonistas no tocan un centavo.

Esta es la reestructuración de la deuda hecha por los grandes acreedores. Lo demás ha sido puro teatro. Lo que ha hecho la Legislatura y el gobernador es un simulacro.

La deuda no es pagable.

En el pasado se propuso que el gobierno federal fuese corresponsable de la deuda y que el Tesoro Federal comprara la deuda. No es la Junta con la que hay que bregar, es con el gobierno de los Estados Unidos. Se trató una Ley de Quiebra Criolla -con sus defectos- que fue prohibida por el tribunal federal. El problema no ha sido la falta de ideas, ha sido la falta de autoridad por nuestra condición colonial y falta de voluntad de los gobiernos de turno.

La verdadera reestructuración de la deuda para Puerto Rico, será el día que iniciemos un proceso de descolonización en que entremos en una negociación –no con los acreedores– con el Gobierno de los EE.UU. La deuda la tiene que comprar el Gobierno de Estados Unidos, como parte de su responsabilidad y como compensación por imponernos en un régimen colonial de enclave económico aislado del mundo.

Ante la barbarie no debemos ceder a la desesperanza. Hay que continuar con nuestros reclamos justos como pueblo. Debemos continuar luchando desde todos los espacios por las pensiones, la Universidad de Puerto Rico, los servicios dignos y esenciales y por el país que merecemos.

Sobre todo, debemos tener presente a quienes nos trajeron a esta situación de precariedad y que continúan siendo cómplices de la Junta, para desahuciarlos del gobierno. Como dijo la senadora María de Lourdes Santiago: “tenemos que llevar la esperanza al poder”. Prohibido olvidar.