Mucha gente se pregunta a qué nos referimos cuando decimos que el PIP es un partido socialdemócrata. La respuesta no es un misterio. Se trata de utilizar las herramientas que la democracia provee para hacer justicia; justicia en el sentido de no dejar a ninguna persona abandonada en el camino. Lamentablemente, el gobierno de azules y rojos ha fracasado en su acercamiento a las cuidadoras de familiares con diversidad funcional. Las cuidadoras han quedado abandonadas a su suerte. Entonces, ¿quién cuida de las cuidadoras?

En Puerto Rico hay 328,387 personas con alguna condición que no les permite vivir de forma independiente. A pesar de esto, las agencias de gobierno no cuentan con servicios de amas de llaves o programas de respiro suficientes para atender esa población. Consecuentemente, la inmensa mayoría de las cuidadoras que atienden diariamente a las personas adultas con necesidades especiales son mujeres que forman parte del núcleo familiar, que no reciben remuneración alguna por desempeñar esa tarea y que han visto sus carreras profesionales interrumpidas.

Un fenómeno similar ocurre entre las mujeres que tienen niños y niñas en edades preescolares. Los patrones migratorios generados por la crisis económica, y profundizados por las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal, han trastocado las redes familiares tradicionales. Ante la falta de familiares que socorran, y la inexistencia de servicios asequibles de cuido de menores, una vez más han sido las mujeres (y otras personas gestantes) quienes han sacrificado sus ingresos para atender a la niñez.

La situación no es más alentadora para las madres de niños escolares con diversidad funcional. En Puerto Rico hay 111,034 estudiantes registrados en el programa de educación especial. Según detallan los informes judiciales presentados por la Monitora del caso Rosa Lydia Vélez y otros v. Departamento de Educación, en una escala de 0 al 4, el nivel de cumplimiento del DEPR para el año 2019-2020 fue de 2.31. Esto significa que el DEPR continúa estando en un nivel de cumplimiento “por debajo de lo estipulado”, según el Tribunal.

En la medida en que el DEPR no cumple cabalmente con su obligación de ofrecer servicios oportunos y apropiados al estudiantado de Educación Especial, coordinar la contratación, prestación y seguimiento de los servicios constituye una carga pesada que han asumido principalmente las madres.

Igualmente, en el contexto de la reapertura de la economía, muchas madres que durante la pandemia tuvieron la oportunidad de trabajar a distancia y atender de manera coetánea a sus hijos con diversidad funcional, súbitamente se vieron forzadas por los patronos a regresar a los talleres formales de trabajo sin contar con los recursos familiares o profesionales que pudieran hacerse cargo de las necesidades especiales de los niños. Estas madres diariamente tienen que escoger entre ser cuidadoras empobrecidas o ser trabajadoras asalariadas.

No hay razón para que continuemos perpetuando estructuras que excluyen a las mujeres de la fuerza laboral, condenándolas a la dependencia y la pobreza. La delegación del PIP ha presentado medidas para hacer justicia a las cuidadoras. La R.C.S. 36 (R.C.C. 81, en la Cámara) busca establecer un “Programa de Respiro Familiar” que preste atención temporal a personas adultas en situaciones de dependencia, de manera que las cuidadoras puedan tener un espacio de esparcimiento para realizar sus gestiones personales y mantenerse física y emocionalmente saludables. Por otra parte, el P.S. 483 (P.C. 949) reconoce el derecho al trabajo a distancia en Puerto Rico, siempre que el trabajo sea susceptible de realizarse de manera remota, lo que abriría la puerta para que muchas cuidadoras permanezcan en la fuerza laboral asalariada.

Estas medidas han contado con el apoyo de organizaciones diversas como el Comité Timón de Familiares de Personas con Impedimentos, SER de Puerto Rico, el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos y Alianza de Autismo, pero no han hallado eco en la legislatura.

Se supone que un gobierno con la mirada puesta en la justicia cuide de quienes cuidan. Se trata de establecer prioridades, pero ante la falta de acción, se trata de utilizar el valor democrático por excelencia -el voto- para llevar la esperanza al poder.