Puerto Rico se ha desdibujado política, social, económica y ambientalmente ante un gobierno que observa inmóvil e impávido. La estructura gubernamental es incapaz de responder a sus responsabilidades mínimas. Eventos recientes muestran la profunda crisis gubernamental.

La semana antepasada, Puerto Rico sufrió un apagón generalizado a causa de la falta de mantenimiento por la empresa LUMA Energy. Esta empresa había sido advertida de su obligación de dar mantenimiento un mes previo al apagón. A LUMA se le pagan $55.8 millones adicionales para dar un mantenimiento que no realizó. Es decir, tenía el dinero y la obligación, sin embargo LUMA no cumplió con su responsabilidad.

La consecuencia de esta debacle energética fue la pérdida de millones de dólares. Familias perdieron sus alimentos. Pequeños y medianos comerciantes no pudieron producir. No hubo acceso a la educación. Se afectaron gravemente los servicios médicos necesarios. En el caso más doloroso se reportó la muerte de una persona como consecuencia de la incompetencia de LUMA.

Ante este escenario y los reclamos de que se rescinda el contrato billonario con LUMA por incumplimiento, el gobernador y su gabinete han fungido como abogados de defensa de la empresa energética privada. Es decir, entre el interés general del pueblo y proteger su acceso a servicios energéticos, el gobierno ha preferido defender los intereses económicos de una empresa privada que ha fracasado.

En otro evento, fue arrestada una joven madre, Elianni Bello Gelabert, por alegadamente abandonar a su hijo. Se le impusieron $50,000 de fianza. Luego supimos que ese mismo tribunal ordenó su desahucio por tener una deuda de $595 por tres meses de atraso en pago de renta. La desesperación la condujo a dejar a su hijo en la casa de los padres de su expareja, quien nunca se había hecho cargo de la criatura.

El Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia y los tribunales quedaron retratados en toda su falta de sensibilidad y de sentido común. Criminalizaron la pobreza y la marginación encarnada en Elianni. Ella, mujer, afrocaribeña, inmigrante, sin educación, sin empleo, sin hogar... le quitaron además su libertad. No fue hasta que se estremeció la opinión pública con lo ocurrido, que el Gobierno respondió conforme al sentido de humanidad necesario en este caso. Tuvieron que revertir sus acciones insensibles, que no debieron haber ocurrido en primer lugar.

El tercer evento fue la realización de vistas públicas en la legislatura para investigar la construcción ilegal en el área de Bahía de Jobos, en Salinas. Esta construcción se ha llevado a cabo a ciencia y paciencia del gobierno municipal de Salinas y del gobierno estatal violando todas las leyes de protección ambiental y sin tener derechos propietarios sobre los terrenos.

A preguntas del representante Denis Márquez, resultó que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales había recibido 16 querellas contra los invasores de la reserva natural. Son querellas sustentadas por informes de la encargada de la reserva y por vigilantes del DRNA. Según explicó el representante del PIP: “No todas las querellas han sido adjudicadas, por lo tanto, nunca se resolvieron y el propio reglamento otorga la facultad de ordenar remover lo que es ilegal, cosa que no ha pasado.” Le corresponde al Departamento de Justicia actuar, pero no lo ha hecho.

Compare usted, estos tres eventos. Por una parte, la acción gubernamental insensible y penalizante contra la mujer inmigrante pobre y la indiferencia ante las consecuencias nefastas del apagón. Por otra parte, los guantes de seda y complacencia del gobierno ante los económicamente acaudalados que invadieron ilegalmente una reserva natural y la defensa a ultranza de la empresa multimillonaria LUMA. Por una parte, el gobierno da la espalda a las realidades de los más vulnerables, pero defiende a capa y espada a los más poderosos.

Estos eventos recientes deben servir de recordatorio sobre la necesidad de transformar la ejecución de los asuntos de gobierno para que responda al interés general, en defensa y protección de los derechos humanos. Esa es la transformación gubernamental necesaria de presente y futuro.